Lluc Salellas
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El gobierno municipal de Girona la ha emprendido contra la propia red comercial de la capital de provincia. Ha decidido inundar los nuevos negocios de peticiones para que rotulen al menos en catalán, soslayando las dificultades que tienen muchas pymes para poner en marcha su establecimiento comercial.
Y, para más inri, si los tenderos no cumplen con la llamada mediación lingüística, los derivan a la Agencia Catalana de Consumo para que incoe el correspondiente expediente sancionador.
Aunque lo vista como una labor "callada y de mediación", esta política resuena como intimidatoria e inapropiada para avanzar en el uso de la lengua catalana.
De nuevo, el nacionalismo --Girona la gobiernan Guanyem con Junts y ERC-- se instala en la coacción, suave o dura en las formas, para insistir en que se hable y use el catalán. Y ello, como se ha visto, es un contumaz error.
Porque el efecto conseguido es precisamente el contrario: los ciudadanos aprenden que el catalán es una lengua de imposición, y las nuevas generaciones, sobre todo, crecen refractarias a su uso, pues en ocasiones lo ven como un idioma colocado con calzador.
Bueno sería que el alcalde Lluc Salellas y su gobierno local reflexionaran sobre si ésta es la estrategia correcta. Y si es una buena manera de incentivar el dinamismo en la red comercial local.