Mònica Gallardo

Desde luego que la mala praxis a la hora de gestionar lo público debe ser denunciada. Pero ha de haber una base probatoria lo suficientemente sólida para dar el paso. Porque hay determinados hechos, como las detenciones que se practicaron en su día, entre ellas la de la actual alcaldesa, Aurora Carbonell (ERC), perfecta y minuciosamente recogidas por los medios de comunicación, que no tienen marcha atrás. 

Si finalmente, como todo parece indicar tras un año de pesquisas infructuosas y palos de ciego, el caso queda archivado, ¿cómo se repone la imagen pública de los detenidos? ¿De qué manera se borran las fotografías de los arrestos y de los agentes saliendo de las dependencias municipales cargados con cajas de documentos?

El debate y la disputa política, que forman parte de la esencia del sistema democrático y del Estado de Derecho, deben desarrollarse en los plenos municipales y en determinados espacios públicos. Pero en ningún caso a base de denuncias con pilares tan sumamente débiles que amenazan derribo desde el primer minuto. Porque detrás de cada cargo y de cada responsabilidad hay una persona.

En el caso de Sitges, Gallardo y su partido han sido castigados por esta actitud. Han pasado de obtener la mayoría de sufragios en las elecciones a la irrelevancia en poco más de un año. Una prueba más que palpable de que en política no todo vale.