El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados EFE Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno yerra en su ataque a la libertad de expresión por una cuestión más personal que política en el anuncio de que, de forma efectiva, intentará controlar los medios de comunicación. No ha detallado en qué consistirá una acción que justifica por una lucha sin cuartel contra las fake news; un lema que, en el fondo, revela que se ha activado la maquinaria del Estado para acabar con las voces críticas contra su gestión.
La sospecha de que su iniciativa nace de intereses personales responde a hechos recientes y notorios: su entorno familiar está en tela de juicio por informaciones no contrastadas que algunos magistrados han admitido a trámite. La prudencia aconsejaba ganar algo de tiempo y, por supuesto, no vincularla a sus cinco días de reflexión.
Sánchez tiene complicado conseguir los apoyos políticos para sacar adelante este plan, pero, de conseguirlos, no debe olvidar que el Estado ya cuenta con herramientas para luchar contra los que divulgan bulos a sabiendas. De hecho, el propio Gobierno y el PSOE han recurrido a los tribunales para este fin. La vía judicial blinda tanto un básico de la calidad democrática -la práctica de la libertad de expresión sin cortapisas- como la defensa de la honorabilidad de todos sus ciudadanos. Y los miembros del Gobierno y sus allegados también son ciudadanos.
El líder socialista no debe jugar a confundir los proyectos periodísticos contrastables que le son críticos con lo que él mismo defiende como pseudomedios. Incluso puede mirar a los países vecinos para saber cómo puede apoyar la industria de la comunicación, con un peso laboral y fiscal destacado -y en crisis, ya que tiene pendiente su transformación-, con base en criterios objetivables.
Este debería ser el verdadero fin de cualquier política que busque aportar transparencia y equidad a la forma en cómo las Administraciones riegan a proyectos periodísticos de forma discrecional. Pero la iniciativa actual va en el sentido contrario, lo que busca es un control a los críticos sin solucionar el dopaje de fondos públicos de ciertos medios privados.
Si el presidente del Gobierno quiere realmente blindar la libertad democrática de España, debe buscar otra fórmula que no pase por la vía de limitar la libertad de expresión.
