El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre
Josep Sánchez Llibre
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Una vez más, Foment del Treball se ha erigido como una patronal más allá del ámbito catalán para alzar la voz en defensa de los intereses de las empresas, al denunciar que el Gobierno central pretende prolongar los impuestos especiales que aplica desde 2022 a los sectores energético y financiero.
Más allá del habitual lamento de la corporaciones en materia fiscal, el argumento de la institución que lidera Josep Sánchez Llibre resulta irrebatible: si en su día Moncloa planteó la medida como temporal y en un contexto complicado, como era el de la salida de la crisis de la pandemia, en ningún caso debería plantearse convertirlo en permanente. Ni tampoco, prolongarlo más de lo estipulado, dado que es el propio Ejecutivo el que no deja de sacar pecho por el rendimiento que está mostrando la economía española.
Se ha convertido en práctica demasiado habitual en España la modificación de las reglas del juego sin factores que lo justifiquen. Una suerte de improvisación que sólo consigue complicar las relaciones con el entorno empresarial pero, sobre todo, generar un clima de inseguridad jurídica que aleja las siempre tan necesarias inversiones.
La fiscal es una de esas reformas estructurales que tanto necesita la economía española y que se echa cada vez más en falta. Con horizonte y objetivos claros, sin bandazos, sin medidas urgentes que se convierten en temporales. En los últimos tiempos, el Gobierno ha hablado mucho de empresas estratégicas y de la necesidad de proporcionarles estabilidad. Modificar a capricho las medidas fiscales viaja en la dirección radicalmente opuesta. Y es más que necesario que una voz autorizada como la de Foment del Treball se eleve para ponerlo de manifiesto.
