Carles Puigdemont

A ello parece haberse entregado en los últimos días Junts per Catalunya, reclamando que se repitan los comicios por una supuesta "destrucción" de votos inválidos antes de expirar el plazo para impugnarlos. Una acusación que la Junta Electoral de Barcelona ya ha desmentido con contundencia al tildarla de "rotundamente falsa". Y no sólo eso: el ente también ha sacado los colores a la formación del prófugo Carles Puigdemont recordándole que dicha documentación "está custodiada por los Mossos d'Esquadra en el mismo lugar en que tuvo lugar el escrutinio". Es decir, por la policía de la Generalitat.

Los posconvergentes, sin embargo, no son los únicos que tratan de enturbiar el proceso electoral. A esa campaña también se ha sumado en Govern de sus antaño socios de ERC que, después de haber perdido 13 de sus 33 diputados de 2021, ahora exigen al Gobierno una supuesta auditoría por la supuesta "pérdida" de "3.000 votos en el exterior", según palabras de su portavoz Patrícia Plaja. Una acusación, por otra parte, procedente de una condenada por la justicia: la todavía consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, pendiente de cumplir una pena de un año de inhabilitación por desobediencia en el procés.

Los dirigentes de ERC y Junts deberían aceptar que las urnas han hablado y su dictamen ha sido claro: los catalanes están hartos del procés y de las continuas tretas, artimañas y nefasta gestión de sus mandatarios. Y desean pasar página de una vez por todas a su ultranacionalismo y su populismo identitario, que tanto daño han causado en la última década en la región. Su tinta de calamar sobre las elecciones no es más que un nuevo ejemplo de su habitual y turbio modus operandi.