Roger Torrent, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat
Roger Torrent
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El Pacto Nacional por la Industria (PNI) ha cruzado el ecuador con un aprobado relativo. La hoja de ruta para reindustrializar Cataluña que pilota el consejero Roger Torrent ya ha repartido el 42% de sus fondos. Es decir: se ha gastado casi la mitad del dinero en casi la mitad de duración del plan, que entró en vigor a finales de 2022 y se extinguirá en 2025.
Se trata de un ritmo correcto, aunque está por ver cuál será el efecto de este desembolso económico en desafíos clave como la transición energética y la adaptación digital.
Pero lo que ya se ha visto es que el Govern sigue erre que erre culpando al Estado de todos los males de la autonomía. Torrent recordó ayer que no todos los recursos del PNI "dependen de la Generalitat, sino que son responsabilidad del Gobierno". También se quejó de la falta de competencias en el reparto de los fondos europeos y de la lentitud en ejecutar infraestructuras ferroviarias.
El Govern tiene voz y voto en la política industrial. La insistencia en acusar a Madrid siempre y en cualquier circunstancia de los déficits de la economía catalana no tiene un pase. Por desgracia, en Cataluña nos hemos acostumbrado.
