La consejera Natàlia Mas en rueda de prensa tras adjudicar las oficinas bancarias móviles de la Generalitat
Natàlia Mas
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Cualquier momento es bueno para la atracción de inversiones pero más, aún si cabe, tiempos de desaceleración, en los que las economías de la zona euro tratan de habituarse a un escenario de tipos de interés que no veía desde hace más de una década.
Precisamente en este contexto, cuando la inversión ya no encuentra un escenario tan favorable para financiarse, el estímulo debe llegar desde otros ámbitos como el de desplegar una atractiva fiscalidad que haga más atractiva desde el punto de vista de la rentabilidad la apuesta por un determinado territorio. Algo por completo opuesto a lo que está llevando a cabo la Generalitat en lo que a sus competencias de Hacienda se refiere.
Cataluña aparece de manera recurrente en todos los informes y estudios como la Comunidad Autónoma con más figuras tributarias propias, que han oscilado en los últimos años entre 15 y 18. Un número por completo anacrónico y desproporcionado, cuya recaudación anual, algo menos de 900 millones de euros, no compensa las inversiones, especialmente procedentes del exterior, que el territorio deja escapar por esta política agresiva y que busca alternativas en zonas no muy lejanas, como ilustran los avances que este capítulo han experimentado las limítrofes Aragón y Comunidad Valenciana.
La inversión genera riqueza y empleo, lo que se traduce en mayor recaudación fiscal a medio y largo plazo, sin necesidad de implantar nuevos tributos ni elevar los ya existentes. Y, más importante aún, de presionar a la sufrida clase media, a pymes y autónomos, principales penalizados por esta estrategia fiscal. No parece una fórmula que la consellera Natália Mas y su equipo estén dispuestos a asumir.
