Antoni Torres
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Como sucede en el conjunto de España, Cataluña afronta un desafío que puede transformarse en un serio problema de no destinar los recursos necesarios para abordarlo como es progresivo envejecimiento de la población. De ahí que haya que poner en valor el esfuerzo del nuevo fiscal delegado en Barcelona para la protección de los mayores y las personas con discapacidad, Antoni Torres, para llamar la atención sobre los escasos recursos con los que cuenta para abordar su labor.
Y más aun en el contexto de un cambio normativo que abre las puertas a revocar una situación de incapacidad en la que decenas de miles de mayores se vieron abocados ante el riesgo de sufrir una estafa que penalizara la gestión de sus ahorros.
Resultaría del todo decepcionante que muchos de ellos vieran esfumarse esta posibilidad por el mero hecho de no poder tramitar a tiempo la reclamación, en los plazos que contempla la nueva normativa, algo que podría evitarse con más medios al alcance de las Administraciones competentes.
La sociedad contará cada vez que mayor población de elevada edad, con necesidades específicas que necesitan ser cubiertas. Un desafío que no podrá de ningún modo asumirse si se siguen destinando los mismos medios que hace años. Llamamientos como el de Torres son muy necesarios para provocar la deseada y conveniente respuesta.