El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
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Determinadas maniobras y decisiones políticas merecen ser estudiadas con mucho detenimiento y tras un gran debate para tratar de lograr el mayor de los consensos debido a su carácter de punto de no retorno. No siempre es posible (ni sencillo) dar marcha atrás, al menos sin que ello suponga un coste más que elevado para las arcas publicas.
Ejemplos en España hay múltiples y variados; sólo los del ámbito de las infraestructuras darían para una obra casi enciclopédica. La futura entrada del Estado en el capital de Telefónica presenta, a primera vista, ese aspecto de paso adelante de difícil enmienda. Siempre tendrá una "venta" a propios y extraños como una manera de defender el interés general frente a un inversor proveniente del exterior, de un entorno geopolítico muy diferente y con intenciones no siempre claras.
Esa ha sido, hasta ahora, la estrategia de Pedro Sánchez. Pero no es menos cierto que el Estado goza de mecanismos y resortes suficientes para establecer medidas de precaución eficaces e incluso impedir, con todo el amparo de la ley, que en este caso Arabia Saudí avance más de lo prudente en una compañía de alto valor estratégico, sí, pero hasta ahora 100% privada, también.
Este es el punto que obliga al menos a sospechar que detrás de las llamadas a la defensa del interés general se ocultan otras intenciones algo menos lustrosas como la de controlar desde la Moncloa una empresa referente en todo el mundo y, sobre todo, a aquellos que la gestionan. No es el cometido del Gobierno de un Estado de derecho. No es tampoco el destino idóneo de las siempre tan exiguas arcas públicas.
