Pere Aragonès

No contento con los indultos y la reforma del Código Penal a la carta de la pasada legislatura, y otras prebendas como la ley de amnistía para los encausados del procés o la condonación de una parte de la deuda autonómica en la actual, el mandatario secesionista sigue en sus trece con otra de sus exigencias habituales: que Cataluña celebre un "referéndum de autodeterminación". Una demanda, por lo demás, tan extemporánea como ofensiva, pues obviamente no es ninguna colonia ni ningún territorio ocupado.

También es destacable el doble rasero de Aragonès y de los mandatarios secesionistas al exigir plurilingüismo a la Administración General del Estado -otra concesión que Sánchez está dispuesto a darles, ahora vía ley orgánica- al mismo tiempo que, en Cataluña, este mismo derecho se niega a los niños excluyendo el castellano como lengua también vehicular en el sistema educativo de la Generalitat.

Capítulo aparte merece la cesión de más competencias al Ejecutivo catalán, como la red de Cercanías (Rodalies) de Renfe o la gestión nada menos que del Ingreso Mínimo Vital (IMV), algo que se hará efectivo la próxima semana en la reunión del Consejo de Ministros.

Vista la deficiente gestión que la Generalitat hace de sus propias competencias -sirvan como ejemplo las vergonzantes listas de espera de su sanidad y los pésimos resultados de su sistema educativo, a la cola de Europa según el informe PISA de 2022-, bien haría Sánchez en recapacitar y tenerlo en cuenta. Aunque, vista su trayectoria, parece obvio que no va a ser el caso.