Roger Torrent

El consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha protagonizado este miércoles un desafortunado papel en el contencioso de la Cámara de Comercio de Barcelona. Tras conocerse la decisión del TSJC de rechazar el recurso del Govern y confirmar la anulación del decreto autonómico que regula las elecciones a las cámaras de comercio catalanas (un proceso salpicado de trampas), el departamento dirigido por Torrent se ha apresurado a avalar las tesis de Eines de País –la lista de la ANC que controla la Cámara– y defender la validez de los comicios de 2019 y las decisiones tomadas desde entonces por parte de los órganos de gobierno, a los que la oposición acusa de falta de legitimidad.

Todo ello para evitar la suspensión de un pleno en el que se han aprobado iniciativas de un cariz político sin precedentes en la institución económica. Entre ellas, un manifiesto de apoyo al Consell per la República y a Carles Puigdemont; la eliminación de la corona monárquica del escudo tradicional de la entidad; y la reducción de las sillas de plata para rebajar el peso de las grandes empresas en la Cambra (tradicionalmente poco afines a los planes secesionistas).