El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
Pere Aragonès
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Tarde, mal y a base de ocurrencias, a cuál más estrambótica. Así gestiona la Generalitat la lucha contra alarmante falta de agua que sufre Cataluña. Un problema no sólo atribuible a la sequía -van ya tres años así, sin que desde el Govern se hayan tomado medidas relevantes al respecto-, sino más bien a la evidente dejadez e impericia de los sucesivos Ejecutivos secesionistas. La falta de una política hídrica digna de ser calificada como tal, de nuevas infraestructuras y de mantenimiento de las actuales a lo largo de la década del procés han conducido a la situación actual. Y ahora, sus dirigentes intentan remediarlo a base de chapuzas.
La última de esas ocurrencias consiste en condicionar que se puedan rellenar de agua las piscinas privadas a cambio de se permita el acceso a cualquiera que quiera bañarse en ellas. Una decisión que, para acabar de rematar el despropósito, el Govern catalán deja en manos de los ayuntamientos, pasándoles por tanto la patata caliente.
Restringir el consumo de un bien esencial como el agua, ya sea a agricultores o industrias -y, presumiblemente, en el futuro el resto de la ciudadanía catalana-, imponer multas y sanciones, y otros apaños similares es ahora el recurso de la Generalitat tras años y años de no haber hecho prácticamente nada para prevenir una situación que se veía venir de lejos. Nada menos que 15 han pasado ya desde que se construyó, por ejemplo, la tercera y última desaladora en Cataluña -en 2009, cuando gobernaba el tripartito-; mientras tanto, en otras autonomías como Valencia -con un clima incluso más árido, y menos población- sí se pusieron las pilas, y ahora tienen el triple de estas instalaciones: nueve. Y, lógicamente, allí ahora tienen agua. Es sólo un ejemplo, pero muy ilustrativo de por qué y cómo en Cataluña pasa lo que está pasando. Algo que no se arregla con "refugios climáticos" ni chapuzas por el estilo.
