El juez Aguirre, muy duro contra la falta de ética de Laporta en el 'caso Negreira'

El juez del caso Negreira, don Joaquín Aguirre, mantiene su talante beligerante. Tras incluir la hipótesis relativa al delito de cohecho en la causa de manera unilateral, sin petición previa del fiscal, y tras proferir distintas afirmaciones arrojadizas dando por probados los supuestos delitos cometidos por el FC Barcelona y sus antiguos dirigentes, ahora pasa al ataque contra el actual presidente del club, Joan Laporta. 

En otro controvertido auto, el magistrado va más allá de lo meramente jurídico para entrar en valoraciones de tipo ético y moral. Aguirre se despacha a gusto contra Laporta en un escrito dirigido a desestimar la personación del Barça como acusación particular en el delito de administración desleal.

Argumentación jurídica 

El argumento jurídico es claro: no tiene sentido acusar de un delito que ha servido como medio para cometer otro más grave --delito de corrupción deportiva o de cohecho-- si no se acusa también por, al menos, uno de los dos que son más graves. En ese sentido, el juez asegura que de permitirlo, se estaría incurriendo en "fraude de ley". 

Más llamativas son las lecciones de ética y moral del juez, aunque no le falta algo de razón. Aguirre sostiene que carece de ética personarse como acusación contra los directivos investigados por administración desleal --Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau y Albert Soler-- por cometer la misma conducta que el propio Laporta y su junta directiva cometió entre los años 2003 y 2010. 

En el caso de Laporta, los hechos imputados por corrupción deportiva ya estarían prescritos, por haber transcurrido más de 10 años. En cambio, para Rosell, Bartomeu, Grau y Soler todavía no han prescrito. 

Laporta todavía no está a salvo 

En relación al supuesto delito de cohecho, recurrido duramente por todos los abogados de la defensa, incluidos los representantes legales del Barça --Marc Molins y Cristóbal Martell--, la prescripción dependerá de la pena de inhabilitación. Pero algunos juristas sostienen que podría llegar a ser de 15 años, con lo que afectaría a Laporta. 

En este sentido, el abogado de Sandro Rosell, Pau Molins, discrepa totalmente y defiende que la prescripción tanto en el delito de corrupción deportiva como en el de cohecho debe ser de máximo cinco años, con lo que en ningún caso afectaría al mandato de gobierno del señor Rosell. Por tanto, podría decirse que Rosell le echa un capote, indirectamente, a Laporta en su argumentación. 

Al contrario de la actuación que ha tenido la junta directiva de Laporta, que decidió sumarse a la acusación contra Bartomeu, Rosell, Grau y Soler por administración desleal. Es por este motivo, que el juez pone al actual presidente en su sitio con diversas afirmaciones muy contundentes.

Tres argumentaciones demoledoras 

La primera dice así: "En el actual momento procesal no se ha atribuido al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta Estruch, la comisión de ningún delito, no por razones atinentes a la antijuricidad de los actos cometidos por Laporta en su primera etapa cómo presidente del FC Barcelona, sino por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva, al menos implícitamente, dado que durante aquella primera etapa de Laporta también se efectuaron pagos a la familia Enríquez a través de las sociedades que estos utilizaban como interpuestas. Por tanto, la conducta de Laporta a este respecto es idéntica a la de los presidentes posteriores". 

"Resulta contrario a toda ética que, quien cometió unos actos idénticos a los de los posteriores presidentes, pretenda personarse en la causa ejerciendo la acusación particular bajo el instrumento jurídico del FC Barcelona", completa el magistrado en una segunda afirmación tan dura como subjetiva.

La última de las tres frases es sentenciadora: "No es admisible éticamente que Laporta acuse a los presidentes Rosell y Bartomeu por el delito de administración desleal, cuando existen indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores". 

Tres directos a la sien del juez Aguirre contra el presidente Laporta en un auto que deja clara la desestimación de la personación del Barça como acusación particular en la causa. Un intento que también recurrió el abogado de Bartomeu, Josep María Fuster-Fabra, que está siendo, al mismo tiempo, de los más duros con el magistrado.