El Tribunal de Cuentas investiga las ayudas de Colau a entidades amigas

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias sobre las ayudas públicas otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades afines a BComú, el partido que lidera la alcaldesa, Ada Colau. La causa discurre de forma paralela a la investigación iniciada por la Fiscalía sobre esta misma política de reparto de fondos públicos del Ejecutivo municipal y afecta a varias personas del equipo de gobierno.

Además de la propia Colau, las pesquisas iniciadas por la entidad que fiscaliza el uso de fondos públicos tiene en el foco al concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Eloi Badia, que también preside la empresa municipal Barcelona Cicle de l’Aigua (BCasa), cuya principal gestión es la red de alcantarillas; la interventora adjunta del consistorio, Teresa Llor; y el gerente de Ecología Urbana, Jordi Campillo.

¿Desvío de 875.000 euros?

Las diligencias iniciadas por el Tribunal de Cuentas parten de una denuncia interpuesta por la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) a fínales de enero, tal y como publica El Mundo. En ella, se indican posibles irregularidades contables al conceder cuatro actuaciones municipales que habrían supuesto un menoscabo de caudales públicos municipales que superarían los 875.000 euros según la información inicial. Con todo, se advierte de que la cantidad sería mayor.

Se habría usado con fines presuntamente ilícitos esta cantidad, ya que existirían irregularidades contables, para impulsar una de las políticas que los comunes persiguen desde que se hicieron con el poder en Barcelona. Por el momento, sin éxito.

Cambiar el modelo de gestión del agua

Uno de los principales objetivos del partido en la ciudad es cambiar el modelo de gestión del servicio de agua. Ideológicamente, la formación defienden que siempre será mejor que lo preste una empresa 100% pública que a través de la actual sociedad mixta metropolitana. Cabe tener en cuenta que, tal y como consta en la denuncia, los informes emitidos por los Servicios Jurídicos del consistorio han reconocido que la competencia sobre el Ciclo Integral del Agua es del AMB, no de la Administración local.

El Ayuntamiento no habría tenido en cuenta este punto de partida, que ya menoscabaría sus intenciones. Para defender sus tesis políticas, habría realizado diversos encargos a BCasa para que avanzara hacia la ansiada remunicipalización del agua. No es la única decisión que está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas. También se investigan los recursos destinados a la consulta ciudadana que se promovió y la política de subvenciónes que se tilda de “desproporcionada” a asociaciones vinculadas con algunos de los miembros del consistorio. La inyección de capital público también buscaría promover un debate público favorable a sus planteamientos políticos sobre este servicio.

Cuatro actuaciones denunciadas

En concreto, el denunciante advierte sobre cuatro decisiones. La primera de ellas son los informes técnicos, jurídicos y los planes de trabajo que BCasa promovió cuya finalidad era definir la transición hacia la gestión pública del agua de la capital catalana. Propiciaron un desembolso de 360.368,46 euros. No fue la única factura con este fin, ya que Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà también incluye el “agua” como parte de sus trabajos de asesoramiento y apoyo técnico a las políticas municipales. En este caso, el dispendio se quedaría a las puertas de los 500.000 euros.

Cabe tener en cuenta, más allá del conflicto de competencias, que en este caso se podría caer también en un problema de duplicidad de encargos. Son varias las empresas públicas locales que trabajan para facilitar el cambio de modelo de gestión --aunque nunca se ha conseguido el consenso político necesario para promoverlo--, y los comunes también impulsan iniciativas en el mismo sentido desde el AMB. Y es que el vicepresidente de Ecología metropolitano es el mismo Eloi Badia.

En cuanto a los recursos que se destinaron a una consulta ciudadana fracasada, ya que el Ayuntamiento no tenía competencias para promoverla en el formato planteado ni consiguió el apoyo político necesario, se gastaron 15.000 euros públicos en la recogida de firmas y el pago a empresas que se encargaron de su diseño y preparación.

Seis millones en subvenciones

Con todo, el capítulo que más problemas genera en el Gobierno municipal es el de las subvenciones otorgadas a asociaciones vinculadas a miembros del consistorio. Fiscalía las investiga y el interventor municipal ya ha advertido de que el Observatori Desc, donde trabajó la propia Colau antes de dar el salto a la política, recibe fondos municipales por medio de una subvención extraordinaria que no sería de recibo. Ahora, el Tribunal de Cuentas quiere saber si son desproporcionadas o no las aportaciones del Gobierno a organizaciones afines a los comunes que también trabajaron por la defensa de la gestión pública del agua entre 2016 y 2018.

El montante total de las ayudas superaron los seis millones de euros. Ingenieros sin Fronteras, donde trabajó Badia antes de pasar al equipo de Gobierno, recibió 852.633 euros en este periodo que contrastan con los 271.437 percibidas entre 2012 y 2015, el mandato de Xavier Trias. DESC ingresó 505.913 euros, mientras que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) cobró 475.725 euros.