Colau gastó 42.000 euros para echar a Aigües de Barcelona del AMB

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, gastó 42.350 euros para planificar cómo se echaba a la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) del servicio metropolitano. Esta fue la cantidad que recibió el bufete Menéndez y Asociados para diseñar la estrategia que debía seguir a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la pulcritud del proceso de creación de la sociedad de economía mixta liderada por el operador privado (70%) y con el resto del capital repartido entre la holding de participadas de La Caixa, Criteria (15%), y el Área Metropolitana de Barcelona (15%).

El concejal destinado a este ámbito, que también era vicepresidente de Ecología del AMB, Eloi Badia, no contemplaba ningún otro escenario que no fuera de el de la anulación de la concesión. No esperaba que el Supremo avalara la compañía y revocase la decisión de 2016 del Tribunal Suprior de Justicia de Cataluña (TSJC) y enfocó toda la gestión de sus departamentos a prepararse para crear una nueva empresa pública que asumiese el servicio.

Bufete vinculado a Acciona

Estaba tan seguro de que se mantendría el criterio de los magistrados autonómicos que el Ayuntamiento encargó el primer estudio para este fin en 2017, el que ahora ha salido a la luz. Fue en mayo de ese año cuando se adjudicó el primer contrato a la firma legal, la Contratación de asistencia jurídica externa para realizar los informes y dictámenes contemplados en el estudio para la gestión pública del agua en la ciudad de Barcelona, a través de la empresa pública Barcelona Cicle de l’Aigua (BCasa).

El regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, en una comparecencia en el ayuntamiento de Barcelona / EP

Cabe destacar que este informe jurídico corrió a cargo del equipo liderado por el letrado Carlos Menéndez Martínez. El abogado es uno de los grandes expertos en la concesión de las aguas metropolitanas de Barcelona, pero porque ha trabajado en el equipo legal que contrató Acciona para esta concesión en el inicio del conflicto. Cuando se impugnó los acuerdos que se tomaron en el AMB en 2012, en ese momento liderada por Xavier Trias, para crear la sociedad mixta. La batalla legal que plantearon la cotizada de los Entrecanales, Aqualia (FCC) y Aguas de Valencia.

Más contratos con el bufete

No fue el único contrato que el bufete Menéndez y Asociados ha recibido en los últimos años del Ayuntamiento de Barcelona. En julio de 2018 el consistorio le encargó la Asistencia jurídica para los trabajos desarrollados en relación a la gestión pública del agua, que debían durar seis meses y estaban valorados en 18.119,75 euros según la política de contratación municipal.

Asimismo, la gerencia de Presidencia y Economía le otorgó una subvención de 5.000 euros. En este caso, por los buenos compromisos en realizar su actividad.

Informe de BCasa

En cuanto a la guía para anular la creación de la empresa mixta, las conclusiones salieron a la luz el pasado junio. Según el informe que se presentó a BCasa, avanzado por Europa Press, se debían “controlar la adopción en el seno” de la firma afectada para “asegurar la eficacia de la resolución final y los intereses públicos”.

Depuradora de El Prat del Llobregat, uno de los activos que el AMB aportó para la creación de la sociedad mixta que gestiona el agua de la zona junto a Agbar y Criteria / AMB

Llega incluso a valorar cómo se debe abordar la resolución del grupo desde el punto de vista económico. El bufete reconoce que es “complejo determinar el valor de la sociedad” y “fijar el valor satisfecho para cada socio, especialmente si se tiene en cuenta que SGAB tiene una participación sobredimensionada”. De esta forma, intentaba evitar los 476,5 millones que se deberían desembolsar en el caso de una expropiación.

Varapalo del Supremo

Contempla que la “reversión no comporta ninguna indemnización” y considera que la pérdida de la concesión no será por “causa de nulidad de la sociedad, sino de disolución” por las resoluciones judiciales. Todo ello, con el fin de crear la nueva empresa pública que se encargase del servicio.

Nunca se pudo aplicar porque el varapalo del Tribunal Supremo a las empresas que recurrieron la creación de la empresa mixta fue total. Ni el Ayuntamiento ni el AMB participaron en el proceso, decidieron no presentar ningún recurso a la resolución del TSJC de 2016. La defensa de la concesión diseñada por Trias ha corrido a cargo de forma exclusiva de la gestora de aguas del grupo Agbar, hecho que ha creado tensiones incluso en el seno del gobierno cuatripartito que gobierna la institución supramunicipal (PSC, Comunes, ERC y JxCat).  

Desde noviembre, Aigües de Barcelona tiene confirmado que continuará como responsable del servicio metropolitano hasta 2047.