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La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras el Consejo de Ministros / EP

El Gobierno resucitará con urgencia la polémica de la guerra al diésel

La Ley de Cambio Climático, que incluye el veto a los vehículos que funcionan con motor de combustión, es una de las prioridades del nuevo Ejecutivo

6 min

La estrategia de transición energética seguirá marcando la agenda del Gobierno, como ya hizo en la etapa en la que ejerció en funciones. Entre las medidas que Moncloa priorizará durante los cien primeros días del Ejecutivo recién constituido se encuentran numerosas iniciativas del departamento que lidera la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, entre las que sobresale la tramitación de la Ley de Cambio Climático. Un texto que volverá a sacar a la palestra la polémica sobre el futuro de los vehículos de combustión y, especialmente, los diésel, para los que la norma prevé un veto en el horizonte de dos décadas.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fue una de las iniciativas del Gobierno surgido tras la moción de censura que se quedó en el camino debido al adelanto electoral acordado en febrero de 2019.

La imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos en el Parlamento llevó a Pedro Sánchez a poner fin a la legislatura de forma abrupta y con ello bloquear los avances de un texto normativo que ya por entonces era considerado como urgente.

Cruzada del Gobierno

No obstante, aquella normativa avanzó lo suficiente para que se conocieran detalles sobre su contenido, a lo que contribuyó el propio Ejecutivo, que aprovechó la remisión a la Comisión Europea del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PIEC) para desgranar los principales contenidos de la normativa que quedó en puertas de ser debatida en el Congreso.

Sin duda, el punto más candente de la Ley es el referido a la prohibición de venta de vehículos diésel a partir de 2040, que generó un terremoto en la industria automovilística y también en el sector de los carburantes. Además, la publicación del contenido de los primeros borradores del texto legal que comenzaron a circular entre los grupos parlamentarios vino acompañada de una especie de campaña contra el diésel por parte del Ejecutivo, que fue más allá del Ministerio de Transición Ecológica.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha informado sobre la reforma del delito de sedición / EFE
La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha informado sobre la reforma del delito de sedición / EFE

Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechó la oportunidad para anunciar que elevaría el gravamen soportado por el diésel para que su precio en las gasolineras se equiparara al de la gasolina y así desincentivar su utilización. Una medida que, finalmente, también se quedó en el tintero.

"Días contados"

De aquella época también es la célebre declaración de la ministra Ribera en la que aseguraba que “el diésel tiene los días contados en España”. Además de los fabricantes de automóviles, los operadores petroleros también se pronunciaron en contra de la medida y echaron en cara al Gobierno que no respetara la neutralidad tecnológica.

La normativa, cuyo principal fin es diseñar la estrategia para alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050, conforme a los compromisos del Acuerdo de París, señalaba al coche eléctrico como única alternativa, dejando al margen otras que también contribuyen a la drástica reducción de emisiones como los motores híbridos y también los combustibles alternativos, basados sobre todo en el gas natural.

Restricción en las ciudades

Una vez superado el periodo de Gobierno en funciones y confeccionado el nuevo Ejecutivo, la Ley de Cambio Climático vuelve a ser una prioridad para el consejo de ministros, donde Ribera vuelve a llevar la voz cantante, aun con más autoridad si cabe desde su puesto de vicepresidenta. La tramitación de la norma, que dará carta de naturaleza al PIEC hará que vuelva la polémica en torno al futuro del diésel, cuyas ventas se desplomaron en 2018 en los que el Gobierno trazó una auténtica cruzada contra este combustible.

Vista de la Ronda Litoral de Barcelona con los carteles informativos de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona / EFE
Vista de la Ronda Litoral de Barcelona con los carteles informativos de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona / EFE

Otra de las medidas controvertidas que incluirá la norma será la obligación de que los municipios con más de 50.000 habitantes incluyan una zona de tráfico restringido a vehículos de bajas emisiones, al estilo de Madrid Central, en la capital de España, o la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona.

Las medidas con las que las dos mayores ciudades del país se han anticipado a la normativa han venido acompañadas de polémica. En el caso de Madrid, el cambio de gobierno en la corporación municipal supuso también modificaciones en Madrid Central, que ahora es más permisivo, al autorizar a circular por la zona restringida a vehículos tipo C siempre que el conductor vaya acompañado.