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El juicio a exdirectivos de la ACA, celebrado en la Audiencia de Barcelona / EP

La fiscalía mantiene seis años de cárcel para los acusados de saquear la ACA

Finaliza el juicio contra Manuel Hernández, Gabriel Borràs y Joan Lluís Quer, en el que se investiga una trama vinculada al 3% de CDC

5 min

El juicio en el que se investiga el saqueo de la Agencia Catalana del Agua (ACA) mediante comisiones del 3% ha llegado a su fin. El proceso afecta a directivos empresariales y cargos institucionales vinculados a CDC y otros partidos, entre ellos Joan Lluís Quer, expresidente de Infraestructuras de la Generalitat en la época de Artur Mas; Manuel Hernández, vinculado a ICV; y Gabriel Borràs (ICV, ERC).

En total, están encausados dos empresarios y cuatro exaltos cargos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), a quienes se acusa de adjudicar contratos a dedo entre 2007 y 2008. La Fiscalía ha mantenido su petición de seis años de cárcel para los investigados, como ya reclamó al inicio del proceso, tal y como avanzó Crónica Global.

Vínculos con el 3%

En la última sesión del juicio, celebrado en la sección octava de la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones iniciales, en las que atribuye a los encausados delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación de fondos públicos. El juicio deriva de una querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó en 2015 por la adjudicación directa de contratos por parte de la ACA a una unión de empresas controlada por Quer, quien había sido gerente de la entidad entre 2000 y 2004 y también está procesado por la Audiencia Nacional en el caso 3%, de presunta financiación irregular de CDC.

Concretamente, la dirección de la ACA, según sostiene el ministerio público, adjudicó en 2007 un contrato de consultoría sobre la cuenca fluvial de Cataluña a una unión temporal de empresas representadas por Quer. Asimismo, sostiene la fiscal, entre octubre y diciembre de 2008 los acusados formalizaron 38 contratos de trabajos para enmascarar los beneficios obtenidos ilícitamente por la UTE administrada por Quer, al tiempo que fraccionaron "de forma artificiosa" el contrato principal para que algunos trabajos pudieran ser adjudicados directamente a empresas vinculadas al procesado.

Comisiones y prevaricación

Para la fiscal, ha quedado acreditado durante el juicio la comisión de un delito de prevaricación por las resoluciones de contratos "contrarias a derecho", que además tuvieron un "resultado material injusto" puesto que otras empresas no accedieron a la licitación en "igualdad de condiciones". Además, el ministerio público sostiene que los acusados promovieron estas resoluciones con "ánimo de lucro en detrimento" del interés general, fraccionando para ello los contratos.

Según la fiscal, también ha quedado probado el delito de malversación, puesto que Quer y otro de los acusados disponían de "facultad decisoria" sobre los caudales públicos, y por tratarse de un "bien escaso" como es el agua, por lo que "no se puede contratar a la ligera, hay que ser cuidadosos", ha argumentado. El ministerio fiscal, asimismo, se acoge a pruebas documentales aportadas ante el tribunal como correos electrónicos "absolutamente demoledores" que hablan de comisiones del 3%, reuniones en la sede de la ACA o a las tablas horarias para apuntalar el delito de revelación de secretos.

Irregularidades y "corrupción"

Según la fiscal, estos correos y reuniones demuestran que los acusados "se pusieron de mutuo acuerdo" para esta licitación, mientras que las tablas horarias reflejan que "se estaban haciendo trabajos efectivos sobre un contrato no licitado ni publicitado". En sus conclusiones finales, ha destacado además que la UTE no se constituyó hasta el 4 de febrero de 2008, "posteriormente a la firma de la resolución, y que 29 de los 38 contratos se formalizaron en un mismo día, algo que, según aseguró un testigo, no era posible.

Por todo ello, la fiscal sostiene que "estamos ante un plan preconcebido, con un fraccionamiento --de los contratos-- de libro y una contratación irregular y con conocimiento de la misma por haber participado en su diseño". "La corrupción no puede ampararse" ni ser objeto solo de sanciones administrativas, debe haber una "repercusión penal", ha defendido.