El exconsejero delegado de BPA defiende en el juicio la honorabilidad de la plantilla

El exconsejero delegado de Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel, ha afirmado ante la justicia que la entidad financiera ha "protegido a todos los trabajadores" que se han visto inmersos en causas procesales como empleados. Así lo ha asegurado al declarar en la tercera jornada del juicio por el caso BPA, que investiga un presunto blanqueo de capitales en el banco andorrano.

Según Miquel, la "principal" fuente de ingresos de la antigua BPA llegaba por el secreto bancario, que atraía a clientes que cometían delito fiscal en el país de origen, por lo que los empleados asumían un riesgo por el que el banco les protegía. En el juicio, ha dado explicaciones sobre cómo funcionaba el banco y su estructura jerárquica, así como su organización física --con una división entre los espacios eel área de auditoría y el resto de la institución--.

Conflicto con el fiscal

El exdirectivo ha defendido la honorabilidad de los trabajadores de la entidad y de sus ejecutivos, al entender que el fiscal las ponía en duda. De hecho, el letrado defensor de Miquel ha protestado contra las intervenciones del fiscal, ya que, según él, se han lanzado nuevas acusaciones que no aparecían en el auto procesal.

El juicio se reanudó este lunes en la sala Magna de la Sede de la Justicia andorrana con la declaración de Miquel, consejero delegado en el periodo investigado, y ha continuado este miércoles. El proceso, con 25 acusados, es el primero del caso BPA, que comportó la intervención y liquidación del banco originario de Andorra por presuntas irregularidades y blanqueo de capitales en el 2015.

Cambio de estándares

Al iniciar su proceso de internacionalización, BPA se vio en la obligación de adoptar unos estándares más elevados, de modo que la nueva política del banco se volvió "incompatible con el negocio tradicional de BPA", ha aseverado el exconsejero delegado ante el Tribunal de Corts --el de lo penal--. Miquel ha expuesto que entonces se presentó la nueva política interna al regulador --Instituto Nacional Andorrano de Finanzas antes y ahora Autoridad Financiera Andorrana--, que incluye un nuevo protocolo de apertura de cuentas --que entró en vigor a principios de 2014--, que se restringe a aquellos que cumplan fiscalmente en origen.

Asimismo, ha sostenido que "no hay cuentas anónimas como mínimo desde 1993" y ha diferenciado el proceso de identificación del cliente del beneficiario último de la cuenta, señalando las dificultades de identificar este último. "No puedo cuestionar sistemáticamente las declaraciones de los clientes", ha manifestado Miquel, que ha detallado que se necesita tener algunos indicios que levanten la sospecha para activar estos protocolos.