Deloitte pone ‘rojo’ a Villar Mir con un activo de 200 millones incobrable por OHL

Los inversores están hartos de que OHL les tome el pelo, viendo cómo cada trimestre se repite la misma historia, con la aparición de algún apunte contable extraordinario que termina arrojando unos resultados paupérrimos.

En esta ocasión, los 844 millones de pérdidas al cierre del primer semestre los justificaba el grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir, básicamente, por el impacto que ha supuesto el reconocimiento de 550 millones de euros negativos por la venta de OHL Concesiones.

Sin efecto en caja ni en el patrimonio neto, pero sí en las cuentas al aplicar la nueva normativa que exige contabilizar, en el momento de la venta de un activo, las variaciones del tipo de cambio acumuladas en el valor consolidado de los activos.

Caída histórica del 23,7% en Bolsa

Justificación que, como era de prever, no resultaba ni mucho menos suficiente para las inversores, que este jueves, tras conocer estos resultados, se pusieron a vender como locos acciones de OHL.

Al final, al cierre de la sesión, el grupo que, desde hace tres meses dirige José Antonio Fernández Gallar como consejero delegado, retrocedía un 23,68%, con las acciones por debajo de 2 euros (1,96), que dejaban el valor de mercado del holding en 561 millones de euros.

Además del ‘agujero’ por la venta de la filial de Concesiones al fondo australiano IFM, OHL también se veía obligado a reconocer penalizaciones de 28,8 millones por el resultado desfavorable en un litigio interpuesto en el proyecto de una central hidroeléctrica en Guatemala, otros 28 millones de costes derivados del último ERE y 77 millones más por sobrecostes en un hospital en Canadá.

200 millones en un litigio con la Comunidad de Madrid

Pero, al margen de los datos concretos de la gestión, la ‘letra pequeña’ de informe de revisión limitada realizado al cierre del primer semestre de 2018, Deloitte, el auditor de OHL, pone en duda que el grupo presidido por Juan Villar Mir de Fuentes --hijo del fundador-- salga airoso del litigio que mantiene con la Comunidad de Madrid, en relación a la rescisión de la concesión de la línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero.

En un párrafo de énfasis alude el auditor a las “incertidumbres relativas a la recuperabilidad” de activos no corrientes, registrados por 203 millones de euros, y asociados a la filial Cercanías Móstoles Navalcarnero S.A. (Cemonasa), que, tras entrar en concurso, se halla en liquidación.

Concesión de Esperanza Aguirre en 2007

El culebrón de esta historia se remonta a hace más de una década, cuando en 2007, meses antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, adjudicaba a Cemonasa, filial de OHL, la concesión de la línea de Cercanías entre las localidades de Móstoles y Navalcarnero.

La empresa de Villar Mir no dudó en comprometerse en ejecutar una obra de casi 370 millones de euros, confiando en rentabilizar la inversión durante los 30 años de la concesión, gracias a los 30.000 viajeros que, supuestamente, iban a ocupar los miles de viviendas que se construirían en Navalcarnero, y que requerirían del tren para trasladarse diariamente a Madrid.

Cuentas al traste tras estallar la burbuja

Al final, el estallido de la burbuja provocó que los proyectos residenciales quedaran en papel mojado y las cuentas de Villar Mir, de obtener unos ingresos superiores a 700 millones de euros durante los 30 años de concesión, se fueron al traste.

Ante este panorama, y tras haber invertido más de 200 millones de euros, OHL decidía paralizar las obras a principios de 2010. A partir de aquí, todo quedó en el limbo. El Gobierno regional ni modificó la concesión, como pretendía la filial del grupo, ni tampoco acometió la rescisión por incumplimiento de contrato.

Concesión en el limbo hasta que llegó Cristina Cifuentes 

Hubo que esperar a que, en 2015, tras la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia del Ejecutivo madrileño, fuera la propia empresa de Villar Mir la que solicitara la resolución de la concesión, cuantificando en 370 millones la liquidación de la misma. Dos años después, en 2016, la empresa concesionaria fue a concurso voluntario y, en marzo de 2017, el juzgado dictaba auto de liquidación.

El pasado mes de marzo, varapalo judicial para Villar Mir en este litigio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba el recurso por el que la filial en liquidación, Cemonasa, solicitaba la resolución del contrato de concesión por causas imputables a la Comunidad de Madrid. Será ahora el Tribunal Supremo el que se pronuncie al respecto.

Al Alto Tribunal se agarra como un clavo ardiendo OHL al entender que el contrato concesional soporta el derecho a recuperar la inversión neta y las cantidades aportadas en forma de préstamo a la sociedad, y sobre los que no existen provisiones. De no ser así, esos 200 millones contabilizados en el activo deberán aflorar como pérdidas.