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Antigua sede central de BPA / EFE

'Caso BPA': un exdirectivo advierte al tribunal andorrano del riesgo de incurrir en prevaricación

Uno de los procesados ​​en la causa general reclama que se extraigan del sumario todos los datos que se han incorporado procedentes de un caso español por el que ya fue juzgado y absuelto

14.10.2019 00:00 h.
7 min

Una nueva suspensión del juicio del caso BPA merodea sobre el Tribunal de Corts, el órgano judicial andorrano que juzga la causa. Uno de los procesados ha planteado un procedimiento urgente al considerar que se están vulnerando sus derechos fundamentales.

El afectado, un exdirectivo de Banca Privada d'Andorra (BPA), alega que se han incorporado al proceso andorrano diferentes datos personales --fundamentalmente escuchas telefónicas-- que forman parte de una causa ya juzgada en España y en la que resultó absuelto en sentencia firme. En el marco de este procedimiento urgente, reclama la paralización de la vista advirtiendo de que los magistrados que juzgan el caso pueden estar cometiendo un delito de revelación de secretos si siguen adelante con el juicio.

Contaminación por el 'caso Clotilde'

Formalmente, la acción judicial planteada los últimos días ante el Tribunal de Corts va contra todas las partes implicadas en el juicio y que, en algún momento u otro, han recibido el sumario de la causa general del caso BPA. Así, afecta desde los procesados ​​y sus abogados defensores, a la fiscalía, las acusaciones particulares y los actores civiles.

El procesado ahora peticionario fue investigado en su día por las autoridades españolas en el marco del caso Clotilde, también denominado Petrov, por un supuesto delito de blanqueo de dinero de grupos rusos presuntamente mafiosos. En el marco de dichas investigaciones, que también afectaban en ese momento a otro alto directivo de BPA, se hicieron una serie de escuchas telefónicas.

Incorporación de las escuchas telefónicas

La Batllia (órgano jurisdiccional andorrano instructor penal) ya conoció en su día de la existencia de ese procedimiento español para la cual, vía comisión rogatoria internacional, tuvo que hacer los trámites de cooperación judicial adecuados. Las escuchas telefónicas realizadas se incorporaron muy parcialmente en la causa que se seguía en la Audiencia Nacional española. El magistrado de aquella instancia e instructor del caso Clotilde no quiso renovar el plazo inicialmente previsto para la intervención telefónica debido a que de lo intervenido y transcrito hasta entonces había pocos elementos de relevancia.

Sin embargo, y una vez estalló en el Principado el caso BPA, aquellas escuchas, íntegras, incluso las que la Guardia Civil había descartado, se incorporó en el sumario de la causa general.

Destrucción de la documental

El directivo bancario andorrano fue sometido a juicio en Madrid aunque ya se admitía que su eventual participación en el supuesto blanqueo que habría tenido lugar en el caso Clotilde era casi inocua. Tan inocua que al final el tribunal español lo absolvió pese a la insistencia de la fiscalía anticorrupción para acusar.

La absolución definitiva se confirmó hace varios meses pero en el sumario de la causa general del caso BPA se mantienen aquellas escuchas que fueron solicitadas para un caso concreto en España y sobre una persona que ha sido absuelta. La defensa apela ahora a la normativa que establece que toda aquella documental usada debe ser destruida, como está previsto que ocurra en España. En cambio, Andorra mantiene toda la documental en la causa general del juicio que se debería reanudar el 21 de octubre.

Juzgado dos veces por los mismos hechos

Además, tal y como recuerda el exdirectivo bancario en su petición, en el procedimiento urgente y preferente, el Tribunal Constitucional del Principado ya ha resuelto que elementos tan sensibles como unas escuchas telefónicas sólo se pueden usar para la causa para la que han sido solicitadas. Es decir, nacen y mueren en un caso concreto y no se pueden trasladar a otro. Un elemento más que invoca la defensa para pedir que se eliminen del caso todas aquellas escuchas que hacen referencia a su cliente y que se obtuvieron mediante la causa española.

Y en este marco, el afectado deja claro que mientras no se solucione lo que se considera una vulneración de derechos fundamentales --más allá de que se podría acabar juzgando, contra todos los principios del derecho, a una persona dos veces por unos mismos hechos, cuando además ya ha sido absuelta-- debería detenerse el juicio.

Revelación de secretos y prevaricación

Así las cosas, la defensa reclama extraer del sumario las escuchas y cualquier referencia a ellas. Y exige al Tribunal de Corts que recupere todas las copias que se hayan repartido entre las partes implicadas en el caso, que son decenas. Además, alerta de que, como en las grabaciones hechas hay datos íntimos y personales del demandante que no tienen ningún tipo de interés para la causa, se puede estar revelando ilícitamente secretos.

Por ello se advierte a los magistrados del Tribunal de Corts que, si no detienen la vista, pueden estar cometiendo un delito, ya sea intencionadamente o sin querer, porque están tolerando que datos que no deberían estar en ninguna causa y que contienen información de tipo personalísimo e íntimo terminen llegando a decenas de personas. De heo, la defensa alerta de que el tribunal no sólo puede incurrir en un presunto delito de revelación de secretos sino que, en función de cómo se gestione todo, y visto que los magistrados han sido ya advertidos, podrían incurrir en prevaricación.