Territorio, Economía y el ACA estudiarán cómo cumplir con la sentencia de ATLL

La Generalitat ha anunciado este jueves a última hora de la tarde que reactiva una comisión de seguimiento para estudiar cómo cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que anula la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a una filial de Acciona. Tendrán voz y voto en este ámbito representantes de la consejería de Territorio y Sostenibilidad, del departamento de Economía y Hacienda y de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

En un comunicado, los portavoces de Territorio dejan claro que su cometido será el de “analizar los escenarios derivados de la sentencia”. Afirman que “aceptan el contenido” de la resolución judicial a pesar de que “entiende que la actuación de la Generalitat en la adjudicación del contrato no indujo a confusión a los licitadores”. Cuestión que han enmendado tanto el TSJC como el Supremo. 

Gestión directa

Igualmente, afirman que en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2017 el Gobierno catalán ya mostraba su voluntad de recuperar la gestión directa del servicio de abastecimiento del agua. Una decisión que estaba vinculada a que el Supremo ratificara la primera anulación del concurso público, la que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2015. 

Incluso se llegó a anunciar una partida de 380 millones de euros para poder revertir el proceso y devolver el canon y el coste de las inversiones a Acciona. Cifra que presuntamente se incorporó como parte de los fondos de contingencia de las cuentas públicas, aunque no se identificó ninguna cantidad específica.

Acciona

Hasta que la comisión no decida cómo acatar la sentencia del Supremo, la multinacional de la familia Entrecanales se quedará al frente de ATLL. Los portavoces de la Generalitat indican que la legislación “habilita a la Administración a garantizar la continuidad del servicio público y el operador actual tiene la obligación de continuar prestándolo con los mismos estándares de calidad y eficiencia”.

Asimismo, saca pecho de que la externalización del servicio establecía que la “titularidad de los bienes y los servicios seria siempre y en todo momento de la Generalitat”. Cuestión que siempre ocurre en cualquier concurso público y que marca la diferencia en la concesión y la enajenación de bienes o servicios.