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José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona en una imagen de archivo / EFE

ATLL vuelve a adjudicar un contrato millonario a Acciona

La cotizada de los Entrecanales recibe un encargo de 15 millones de su operador de agua en Cataluña, cuyo contrato depende aún del Tribunal Supremo

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Como si de un clásico yo me lo guiso, yo me lo como se tratara, Acciona se ha hecho con un nuevo contrato millonario procedente de su principal concesión en el sector del suministro de servicios de agua, ATLL Concesionaria de la Generalitat de Cataluña. Esta sociedad ha adjudicado a la propia compañía cotizada de la familia Entrecanales su proyecto constructivo más atractivo del ejercicio, la rehabilitación de la arteria general de la planta del Ter-Trinidad DN 3000. Un proceso que se abrió en marzo pasado con un presupuesto de 15,79 millones de euros.

Acciona Construcción, otra de las filiales del holding empresarial de los Entrecanales, ha conseguido la licitación. En teoría ha sido así porque presentó la oferta económica más ventajosa de las seis empresas que participaron en el concurso público. El valor final de la rehabilitación alcanzará los 15,01 millones. 

Multa de 800.000 euros

No es la primera ocasión en la que Acciona se beneficia de los trabajos que salen a licitación desde su concesión en Cataluña. Incluso ha tenido que hacer frente a una multa de 800.000 euros de la conselleria de Territorio tras detectar irregularidades en el encargo de proyectos y facturas cruzadas sin el permiso de la Generalitat que propiciaron que la cotizada recibiera 13,3 millones de forma poco justificada.

El departamento liderado por Josep Rull consideró que era un falta administrativa y que no afectó en ningún momento a la calidad del sumministro de agua de la red en alta que usan casi cuatro millones de personas de Barcelona y su ámbito de influencia.

Pendientes de la sentencia del Supremo

La nueva concesión se ha producido cuando aún está en el aire el futuro de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Cataluña. El Tribunal Supremo está pendiente de emitir la última resolución sobre la pulcritud del concurso público que el Gobierno de Artur Mas llevó a cabo en los últimos meses de 2012 para concesionar la empresa a la sociedad liderada por Acciona en la que las familias barcelonesas Rodés y Godia mantienen una participación minoritaria.

Hasta ahora y de forma reiterada la justicia ha considerado que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público tuvo razón en 2013 al considerar que la oferta ganadora no cumplía con los pliegos de condiciones del concurso y debía ser excluida.

Posibles problemas económicos

Si la resolución final da un espaldarazo a esa tesis, la Generalitat de Cataluña deberá lidiar con un nuevo problema financiero. Revertir la concesión implica apuntarse casi 1.000 millones de déficit extraordinario desde 2012. Ese fue el valor total de la concesión. Además deberá devolver los más de 300 millones que Acciona, los Rodés y los Godia pagaron en el momento de firmar el contrato de concesión y los cánones posteriores. Por último se enfrentarán a una nueva batalla judicial por el lucro cesante que piensa reclamar el actual titular del contrato si la justicia les obliga a dejar la concesión.

La última previsión del Gobierno catalán fue que el impacto a las arcas públicas estaría al entorno de los 400 millones, tal y como aseguró el secretario de economía, Pere Aragonés, hace un año. Existe cierto consenso entre los juristas especialistas en este tipo de litigios que la cifra final superará de lejos esta previsión por las características económicas y temporales --50 años de vigencia-- de la controvertida concesión.