Alerta por la ‘piratería’ en la seguridad privada

Los sindicatos del sector denuncian el intrusismo profesional para recortar presupuestos que propicia fallos en el trabajo

Imagen de un vigilante de seguridad privada, un sector afectado por la 'piratería' / CG
11.06.2018 00:00 h.
8 min

La vigilancia privada está regulada por una ley que se publicó hace cuatro años y un reglamento que los desarrolla que está en periodo de alegaciones. Una regulación clara pero que en muchos casos se desoye, según los sindicatos sectoriales. Denuncian que el sector está desordenado, vive una constante situación de intrusismo, piratería y falta control y herramientas que propicia la descoordinación con los Cuerpos de Seguridad, a los que deberían dar apoyo. Un panorama que se explica muchas veces por una cuestión económica. Intentar recortar gastos lo máximo posible con consecuencias alarmantes.

Según los representantes de los trabajadores, toda esta casuística propicia que no se adapten a los riesgos reales en seguridad. Denuncian especialmente las fugas que se dan en el sector público. Consideran que las administraciones deberían ser más cuidadosas para garantizar el cumplimiento de las normas que existen en el sector en sus licitaciones en seguridad privada. Las siguen con lupa, aunque denuncian que esta fiscalización no ha propiciado que se mejore en los pliegues de condiciones de los contratos.

Juegos del Mediterráneo

El último que ha propiciado quejas es la formalización del contrato de los servicios de vigilancia necesarios para los XVIII Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Una competición que se inaugurará en la capital provincial el próximo 22 de junio y se desarrollará hasta el 1 de julio.

Un vigilante de seguridad privada durante su turno de trabajo / CG

Un vigilante de seguridad privada durante su turno de trabajo / CG

¿Qué tipo de vigilancia se requiere? Pues desde equipos de seguridad las 24 horas del día ante los hoteles en los que duermen los atletas hasta la vigilancia de los accesos a los estadios. Además de encargarse de los filtros y las entradas. En estos operativos lo más habitual es la y cooperación entre cuerpos. Se coordinan los Mossos d’Esquadra y las policías locales, así como los cuerpos que también están presentes en los recintos en los que tiene lugar la competición y actúan ante incidencias mayores.

Papel de los auxiliares

Si hay una pelea entre dos espectadores en las gradas, el caso más habitual en un espectáculo deportivo, son los vigilantes de seguridad privada los que deberían intervenir. Igual que vigilar que no existan aglomeraciones en los accesos, por ejemplo. Unas responsabilidades que requieren una formación previa, tal y como remarca ADN Sindical. El problema, es que al analizar los pormenores de la contratación de los Juegos del Mediterráneo esta organización ha detectado que tareas de vigilantes se pasan a auxiliares.

No es la primera ocasión en que ocurre. Propició que el mismo sindicato presentara una denuncia ante la consejería de Interior por la organización del último Gran Premio de España de Fórmula 1. Ambos casos se justifican por el mismo objetivo: un recorte en el presupuesto de licitación que impide que se pueda contratar a vigilantes de seguridad titulados. Cuestión que fuerza a la empresa adjudicataria a tirar de auxiliares, con formación y retribuciones menores.

Empresas licitantes

La piratería sectorial también se refleja con las empresas que pujan por contratos de este tipo. Se denuncia que los precios de derribo han propiciado que las grandes compañías, las que cuentan con una estructura más preparada para ofrecer los servicios necesarios ante eventos de este tipo, deciden no presentar una oferta para no perder dinero. Situación que lleva a que pujen por el contrato otras compañías de perfiles más pequeños que en muchas ocasiones no cuentan con la masa laboral necesaria para la atención.

“Se tiene que contratar a gente deprisa y corriendo”, señalan los portavoces del sindicato denunciante. Y no siempre se llega a cubrir las plazas. ¿No es una cuestión que está regulada por los pliegos de condiciones del contrato? Se asegura que los requisitos de entrada son en general bajos y que se fija cómo se deberá realizar la cobertura de la vigilancia, sin entrar en detalles de la distribución de equipos o el número de efectivos. Ni siquiera un croquis genérico, ya que la independencia empresarial impide que en la contratación pública se fije de forma tan estricta los requisitos laborales.

Metro de la Zona Franca

El caso de los Juegos del Mediterráneo no es aislado. ADN Sindical señala también el tipo de vigilancia que se da en la estación de la línea 10 del Metro de Barcelona en el paseo de la Zona Franca. Una infraestructura que está construida, pero que hasta después del verano no se iniciarán las llamadas “pruebas en blanco”, indican desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Es decir, empezarán a circular trenes sin pasajeros para poder ajustar los horarios de los recorridos.

Valla de seguridad privada como las que se han instalado en la estación del paseo de la Zona Franca de Barcelona / CG

Valla de seguridad privada como las que se han instalado en la estación del paseo de la Zona Franca de Barcelona / CG

Hasta que no culmine este proceso de pruebas no se podrá inaugurar la nueva línea del suburbano de la ciudad. Se espera abrir al público antes de que termine el año, pero el calendario exacto está sujeto a los ajustes que se deban realizar. Mientras, es la empresa contratista de la obra la que debe velar para que nadie entre en la estación.

Falta de vigilancia en la estación

De nuevo, el problema es que para ajustar gastos se han contratado a auxiliares para esta tarea, advierten los representantes de los trabajadores. Un primer error que va a más cuando ni siquiera existen el número de efectivos necesarios para blindar las entradas, añaden. Se han limitado a poner unas vallas de malla simple con una persona que da vueltas por todas las salidas de la futura estación. Resultado: es muy simple colarse en ella, aseguran desde el sindicato.

Se exige ser más cuidadoso en este sentido. Piden a la administración pública que se ponga las pilas y asuma su papel de garante de que se cumplen todos los preceptos de la ley de seguridad privada. “No puede ser que por bajar precios se ponga la seguridad en riesgo”, advierten en la organización.

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