La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) analiza un presunto cártel de empresas para repartirse la publicidad online del Ayuntamiento de Barcelona.
El fiscalizador del mercado ha recibido una queja de la Administración local, que detectó indicios de que varias agencias se habían conchabado para ganar el contrato, con cerca de tres millones de euros de presupuesto.
Lo han detallado fuentes municipales y lo ha confirmado una portavoz del ayuntamiento, corroborando que han enviado todo el expediente del segundo lote del acuerdo anual de inserciones publicitarias a Competencia ante las evidencias de que los aspirantes habían pactado entre ellos, algo prohibido por ley.
Por lo pronto, el traspié ha supuesto que se detuviera parte de la licitación y se activara el implacable mecanismo de la Acco.
En 2023 ganaron tres empresas
¿Qué se repartieron, presuntamente, los despachos? El segundo lote del acuerdo marco de campañas digitales del Ayuntamiento de Barcelona, que se licita cada año para que un grupo de empresas entre a elaborar las acciones de difusión del segundo mayor consistorio de España.
La última ocasión, en 2023, lo ganaron las agencias Adsplanning, fundada por José Antonio González de Pedro; NothingAD, de Ferran Burriel, e ISPD, el hólding presidido por el empresario Ferran Rodés, a la sazón accionista del diario nacionalista Ara. Esta última, la única que ha respondido a los requerimientos de este medio por medio de Rebold, asegura que no ha tenido "ningún problema" con el consistorio.
Ahora, el ayuntamiento no ha querido confirmar qué empresas se han presentado -y, presuntamente, formado un cártel ilegal- por privacidad en los datos.
Acco: "Si es preciso, se investigará"
En contacto con este medio, una portavoz de la Acco se ha limitado a confirmar que "cuando los órganos de contratación detectan indicios de colusión en procedimientos de contratación pública, están obligados a ponerlo en conocimiento" de Competencia. Ello se produce con arreglo a los artículos 132 y 150 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Una campaña del ayuntamiento anterior y no vinculada con los hechos
La misma fuente oficial ha recordado que será Competencia quien "estudie la fundamentación de los indicios de colusión comunicados". Si los ve viables, abrirá un procedimiento de investigación.
Estas pesquisas tendrán carácter reservado, salvo que deriven en un expediente sancionador, con el fin de "no perjudicar a la investigación".
Si hay sanción, la Acco lo terminará comunicando.
"Problema con los precios: muy bajos"
Desde el sector, las empresas no han querido confirmar si se han presentado a la externalización que ya ganaron en 2023, ni tampoco comentar el lío del procedimiento actual.
Eso sí, desde uno de los operadores vencedores en el pasado se ha alertado de que el presupuesto del concurso público municipal era "insuficiente" para cubrir costes. Algo que, bajo su punto de vista, había espantado a otros aspirantes.
Burriel, 'el hombre de la factura'
Con suma justa o no, en el pasado, el tender para operar la publicidad digital de Barcelona sí despertó apetito del sector. Uno de los que entraron a gestionarla fue NothingAD, de Ferran Burriel, empresario que admitió ante todo el país que había perdonado una factura de 80.000 euros al Govern antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Fue en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, durante la causa especial que enjuició la consulta secesionista. En sede judicial y ante las cámaras, Burriel admitió que dejó pasar un adeudo de la Generalitat de Cataluña en concepto de difusión del registro de catalanes en el exterior. Ese mismo año, su firma ganó sólo 30.000 euros, avanzó Dircomfidencial.
Competencia va tras Tusgsal y la valenciana Transvía
En cualquier caso, los pactos entre empresas para ganar concursos públicos, lo que presuntamente podría haber pasado con la publicidad de Barcelona, no es algo tan extraño. Como avanzó este medio en exclusiva, la Acco investiga otro cártel para repartirse, en teoría, la licitación del NitBus del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
En ese caso, quien está en la diana son dos empresas: Tusgsal, la cooperativa social de Badalona (Barcelona), y la valenciana Grupo Transvía, otro gran operador del transporte por carretera. El contrato, de 1.000 millones de euros, lo ha terminado ganando la firma de economía social. Pero las pesquisas de Competencia siguen por un carril paralelo. Será este ente el que determinará si el proceso estuvo amañado.