La ambición de Moncloa condiciona la estrategia de gobernanza de Telefónica

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó ayer jueves lo que era un secreto a voces en cuanto a la intención del Ejecutivo de solicitar un asiento en el consejo de la empresa para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda a través del que articula la adquisición de un 10% de la cotizada. 

A una semana de la junta

Una situación que se plantea justamente una semana antes de la junta general de accionistas de la compañía que preside José María Álvarez-Pallete, en la que, entre otros aspectos, se prevé aprobar la reelección de los cinco consejeros que llegan al final de su actual mandato.

En el caso de que las propuestas salgan adelante (no se espera lo contrario, salvo cambios de última hora), el número de consejeros se mantendrá en 15, el máximo establecido por el reglamento del órgano de gobierno de la empresa y también por las recomendaciones de buen gobierno corporativo.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durante la junta de accionistas de 2023 / TELEFÓNICA

De hecho, Telefónica hizo suyas esas recomendaciones al incorporarlas al citado reglamento. Un documento que deberá modificar en el caso de que la SEPI solicitara un puesto en el consejo antes de la celebración de la próxima junta, ya en 2025. 

Algo más que probable dado el tono de firmeza empleado por el titular de Economía en sus declaraciones a La Sexta y también la urgencia con la que la SEPI está realizando la compra de acciones de Telefónica, de la que en breve alcanzará un 5%.

También STC

Llegado este extremo, Telefónica debería modificar el reglamento de su consejo para la ampliación del mismo ante la ausencia de vacantes y fijar un nuevo número de miembros, en este caso 16, para lo que debería recurrirse a una junta extraordinaria.

La maniobra del Gobierno está relacionada con el aterrizaje en el capital de Telefónica de la 'teleco' pública saudí STC, que tiene declarado desde el pasado septiembre un 9,9% de la compañía, aunque tan sólo el 4,9% está realmente en sus manos. Para hacerse con el resto, que por ahora se ha asegurado mediante derivados, debe contar con el visto bueno del Consejo de Ministros. 

De ahí que la más que probable intención de STC de exigir también representación en el consejo vaya para más largo, con lo que sí se podría abordar en la junta general del próximo ejercicio.

En 2025, son tres los miembros del consejo de administración que verán agotado su mandato, con lo que dependen de una propuesta de renovación para seguir en Telefónica. El caso de uno de ellos es especialmente llamativo, toda vez que se trata del propio Álvarez-Pallete. 

Renovación anticipada

El presidente de la 'teleco' atajó a finales del pasado año una situación que podría haber elevado la tensión en torno a la gobernanza de la empresa dado que, a priori, eran siete los consejeros que finalizaban su mandato y, por lo tanto, eran susceptibles de ser sustituidos.

Al margen de los dominicales en representación de La Caixa y BBVA (los vicepresidentes Isidro Fainé y José María Abril, respectivamente), el relevo de los cinco restantes fue parcialmente resuelto por Pallete a finales de 2023, al lograr la renuncia anticipada de los vocales Juan Ignacio Cirac y Peter Erskine, y su sustitución por Solange Sobral y Alejandro Reynal.

Hasta 20 consejeros

De esta forma, el margen se estrechó para futuros cambios sin alterar el reglamento. Posteriormente, el consejo aprobó la convocatoria de la junta cuando la SEPI aún no había alcanzado un porcentaje mínimo para añadir sus propias propuestas, algo que no sucedió hasta el pasado 25 de marzo, cuando afloró su primer 3% en Telefónica. 

Los estatutos de la empresa permiten un máximo de 20 consejeros, aunque desde hace unos años no se supera la cifra de 15. Algo que podría cambiar en breve, en función de las decisiones que lleguen desde Moncloa.