Paco Medina, impulsor del Open Camp Barcelona: “Una estrategia concertada criminal hundió mi empresa”

Paco Medina tiene 56 años y es consultor estratégico. Este pequeño empresario catalán abrió el primer parque temático del deporte del mundo en el Estadio de Montjuïc de Barcelona en 2016. Le llamó Open Camp, y recibió numerosos premios y distinciones. 

Pero la inversión acabó quebrando y cerrando. Ahora, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra Gerardo Pisarello, Jaume Asens y Eloi Badia, todos de Sumar. Les acusa de hundir su proyecto cuando eran concejales en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2019. "Fui víctima de una estrategia criminal porque eran contrarios al proyecto", lamenta. 

-Usted ha presentado una querella contra dos diputados y un exdiputado del espacio de Sumar/En Comú Podem. ¿En qué momento procesal se encuentra?

La presentamos tras las elecciones municipales de 2023 porque no queríamos ser acusados de instrumentalizar los comicios. La hemos elaborado durante cuatro años, y aguardamos un poco para que no se integrase en un ciclo electoral. También esperamos que se aprobase la ley de whisteblowing (la 2/2023), que protege de represalias a los denunciantes de corrupción en España. Estamos a la espera de que se admita a trámite: el juez lleva siete meses de minucioso análisis. Y confiamos en que prevalezca el principio de tutela judicial efectiva. 

-Usted alega que BComú hundió desde el ayuntamiento un parque temático del deporte. 

-Así es, y no solo hemos presentado una querella con 144 páginas, sino también unas 250 pruebas documentales entre correos electrónicos, fotografías, actas de reuniones y otros soportes que prueban las arbitrariedades que acabaron con nosotros. Queremos que se haga justicia. 

-Usted fundó y dirigió Open Camp hasta su cierre y liquidación. ¿Por qué cree que hubo mimbres delictivos en ese cierre? No fue una fallida empresarial convencional?

-Nuestro proyecto empresarial, dedicado a la tecnología del deporte, era único a nivel mundial. Y así lo certificó la Unión Europea. Llegamos a un acuerdo con Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), como los acuerdos a los que ha llegado con B:SM el FC Barcelona, el RCD Espanyol o cualquier otra promotora. Firmamos un contrato mercantil que daba legalidad a algo pionero: un parque dedicado a la tecnología del deporte. Para todos los públicos. 

Esa idea fue aprobada por todos los grupos políticos en 2014. Votaron a favor la CiU de Xavier Trias, PSC, Ciudadanos, PP y ERC. Solo una entonces muy minoritaria ICV le dio la espalda. Pero quien iba a pensar que esa ICV ganaría las elecciones de 2015 con Ada Colau de candidata. 

-¿Qué pasó entonces?

Vayamos a abril de 2015. Nosotros teníamos un contrato de régimen mercantil, como los que se se firman para dotar de contenido el Estadio Olímpico de Barcelona. Estamos trabajando en base a ese documento. Y resulta que BComú protagoniza el primer acto criminal: recoge en su programa electoral que nos quería cerrar. 

Mencionaba otros, claro, como la ampliación de La Maquinista, el hotel Four Seasons, las pistas de hielo y nosotros. Porque representaba todo lo que odiaban: iniciativa empresarial, familia y deporte. 

Entonces, ese grupo minoritario gana las elecciones. Y esa declaración de que querían cerrar el parque, recogida en su programa electoral, y que representa un indicio criminal, la ponen en ejecución. 

-¿Cómo se pone en marcha esa '"estrategia criminal" que denuncia usted?

-Con un plan urdido desde el equipo de gobierno hasta B:SM, que era con la que teníamos el contrato. Estaba Gerardo Pisarello, entonces presidente de B:SM y Jaume Asens, concejal de Deportes. Después, Eloi Badia toma el relevo como máximo directivo del conglomerado municipal. Fue un acoso y derribo durante tres años que nos llevó a la quiebra. Se terminaron despidiendo a 238 personas y se perdieron los ahorros y la inversión de mucha gente. 

-¿A cuánto asciende el quebranto?

-Se perdieron unos 42 millones de euros repartidos entre mucha gente a la que se debía dinero. Es la cifra que cita el informe de cierre concursal. Nuestra pretensión es que indemnice, primero, a los trabajadores, entre los cuales me incluyo, que solo recibieron la compensación mínima del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). 

Pero habrá mucha más gente. Si la querella se admite, habrá una cascada de trabajadores y empresas que se personarán en la causa. 

Paco Medina SIMÓN SÁNCHEZ Barcelona

-Dígame por favor qué acciones concretas llevaron a cabo los denunciados para hundir su proyecto y, con ello, su empresa. 

-Es difícil resumirlo en poco tiempo. Fue un acoso y derribo de tres años, como digo. Fíjate que me costó tres años y medio recabar pruebas para cada una de las actuaciones arbitrarias y sectarias.

Pero para concretar: la comercialización. Ellos dijeron que no querían el proyecto porque se llamaba parque temático. No les gustaba ese nombre porque les recordaba a turismo. Y en 2016 el contexto era de turismofobia disparada. Así, no nos dejan llamarnos parque temático, con las dificultades de comercialización que ello conlleva. 

No dejan tampoco que hagamos promoción con las empresas punteras que nos daban apoyo, como Randstad, Microsoft o Atos, ni que aparezcan los logos del Gobierno o de la Generalitat de Cataluña, entre otros. Ello también dificulta la venta del espacio. Y el uso y abuso del calendario.

-¿A qué se refiere?

-Teníamos 230 días al año, pero los colocaron de forma intermitente, con lo cual no se podía dar estabilidad a ningún tipo de comercialización. Cuando quieren --y el contrato no lo establece así--, entregan el Estadio a otros promotores privados. Les dejan hacer conciertos y demás actividades, cuando el contrato establecía que los actos en un Estadio ya entregado por contrato serían "solo de los de la ciudad". Pues lo entregan a otras promotoras competidoras. 

-Ese año tocó Coldplay en Barcelona. ¿Qué consecuencias provocó a su proyecto? 

-Pues con Coldplay, como en cada reserva del Estadio Olímpico, tuvimos que desmontar y montar de nuevo el parque. ¡Cuando la inversión inicial había sido de siete millones de euros! B:SM alquilaba a otros promotores privados que no habían dejado ni un euro de inversión. Les subarrendaba un espacio ya arrendado jugando con el calendario. Pero eso no fue lo único. Lo más grave, quizá, es la obsesión que tuvieron por la gratuidad. 

-¿Querían que su parque fuese gratis?

-Sí, y eso provocó una quiebra del parque. Ellos pensaron que no podemos resolverles el contrato, pues han hecho una inversión muy grande y les tendríamos que indemnizar. Así que decidieron matarnos en vida. ¿Cómo? Obligándonos que la puerta principal continuara abierta. La llamada Puerta Marató. Provocó que millones de personas entraran en el parque temático gratis, pero solo pagaran 120.000 visitantes. 

Así, disfrutaron de medio parque gratis. 

-(...)

-Es como si vas al Museo del Prado y te dicen: "Goya y Velázquez son totalmente gratis, usted solo debe pagar para ver a Rubens". Pues la mayoría de gente no pagará. Solo los muy forofos de Rubens pagarán el tíquet. Pues es exactamente lo que pasó en Open Camp: venían familias enteras, entraban gratis en el Estadio Olímpico, y solo una minoría pagaba para que el niño pudiera pisar el césped y hacerse fotos. O probar la tecnología. 

Es como si pudieras entrar gratis a ver al FC Barcelona. Ese es el objetivo: algo que el contrato no contemplaba. Es un hecho objetivo, como es objetivo que su programa electoral ya preveía destruir Open Camp. 

-¿De qué otra forma le torpedearon?

-Pues mire, además del contrato matriz, había otro contrato de desarrollo conjunto con el ayuntamiento para trasladar el modelo del parque a otras ciudades, pero que la riqueza se quedara siempre en Barcelona. Se quería evitar que ocurriera lo mismo que con el Festival Sónar, que se ha exportado a Buenos Aires o Japón, pero del que la ciudad ha visto poco retorno. Pues bien, no vinieron a recibir ni a una sola misión comercial. Vinieron 17 altos mandatarios de otros ayuntamientos y los boicotearon a todos. No hubo el apoyo institucional debido. 

Paco Medina SIMÓN SÁNCHEZ Barcelona

-¿A qué atribuye ese vacío institucional?

-En un artículo en una revista, el economista Jordi Vallverdú, el que fuera director adjunto del COOB'92 y una figura clave en los Juegos Olímpicos de Barcelona, aseguró que Open Camp había caído por "falta de apoyo" de las administraciones. Vallverdú constata ese boicot y recuerda que otros alcaldes de grandes ciudades europeas buscaban replicar ese modelo. No pasó. 

-Y eso que su parque fue distinguido con un premio. 

-La Unión Europea nos reconoció como proyecto estratégico dentro de su plan de acción Horizonte 2020. Eso abrió la posibilidad de recibir financiación comunitaria. Recuerde que el proyecto se había construido con cero euros públicos. Eran todo fondos privados. BBVA, Santander y otros bancos lo apoyaron, pues confiaban en que un contrato público-privado dotaba la iniciativa de seguridad jurídica. También recibimos, a posteriori, 3,5 millones del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y Avançsa, pues Open Camp entró en el plan de industrialización de Cataluña. Pero no eran subvenciones: era financiación. La teníamos que devolver con interés. Pero es que jamás llegó. 

-¿Qué pasó con los préstamos de ICF y Avançsa?

-Por razones que desconocemos, ICF empezó a pedir entonces cartas de apoyo municipal. Y no las recibimos, por lo que no hubo financiación del Govern, pese a que estaba concedida. 

-¿Por qué cree que BComú le hizo a usted lo que hizo?

-Porque éramos una empresa privada, y los comunes son comunistas, odian la empresa privada. Fueron a por nosotros por medio de una estrategia criminal concertada, amenazando, coaccionando, cometiendo fraude funcionarial y falsedad documental. 

Introdujeron gravámenes que no estaban en el contrato. Si el contrato estipula que se cobrará una entrada para acceder al parque y luego Open Camp es gratuito, eso son gravámenes no contemplados en el acuerdo mercantil. 

-Usted insiste en la centralidad de los acuerdos mercantiles con B:SM. Si no se respetaron, ¿estas conductas no son reprochables en el terreno mercantil y no penal?

-No, no lo es. Porque los elementos delictivos están claros. Un ejemplo: si el contrato fija que se podrá utilizar el párking y el Estadio, y en el inventario de entrega éstos después no aparecen, eso es falsedad documental. Yo no quería firmar ese inventario, pero lo acabé haciendo por la presión. Tenía la Espada de Damocles encima. 

-¿Cuál?

-La licencia de apertura. La licencia me llegó 40 minutos antes de abrir tras meses de presiones y negociación. ¡40 minutos antes de abrir! ¿Qué seguridad jurídica da eso a cualquier inversión? Y hablamos de una que movió millones de euros. Jugaban con conceder o no la licencia de apertura para que transigiera con lo que ellos exigían, como la gratuidad. 

¿Sabe qué impacto para la comercialización tuvo no recibir la licencia hasta minutos antes de abrir?

Había aviones de turoperación contratados, uno de Manchester (Reino Unido), que no pudieron venir. Recordar y documentar esas presiones me ha llevado tres años y medio. Y recuerde que ellos, públicamente, habían dicho que nos querían fuera. Es por ello que activan una estrategia concertada desde diferentes ámbitos para que nos marchemos.

Paco Medina, en las instalaciones de 'Crónica Global' SIMÓN SÁNCHEZ Barcelona

-¿Qué podía haber sido Open Camp y no fue?

-La Asociación de Estadios Olímpicos del mundo nos premió como proyecto estrella para revitalizar estas instalaciones. Los estadios de las Olimpiadas pasan a ser elefantes durmientes cuando termina la competición. A la espera de que un concierto de Bruce Springsteen o un partido de un equipo de fútbol genere algo de actividad. Pues bien, Open Camp podía romper esa dinámica y llenar de contenido esos continentes vacíos. 

Nosotros mezclábamos familia, deporte y tecnología en una solución innovadora dedicada a la práctica deportiva. Lo dijo la Unión Europea, el Comisionado de Innnovación Empresarial. Nos dieron el sello de excelencia desde la UE, con posibilidad de recibir fondos europeos para replicar la inversión en otras partes del mundo. 

Open Camp era un proyecto hecho en Europa, desde Barcelona, para todo el mundo, replicable en América del Sur o Asia. Y vinieron mandatarios de diversos países, de Indonesia, Japón o Buenos Aires. 

Pero luego, cuando estos visitantes iban al ayuntamiento a pedir la firma de un convenio de colaboración, les decían que ellos no sabían nada de Open Camp, que era una proyecto privado. ¡Cuando había un convenio específico de internalización conjunto firmado por las dos partes!

En 2017, en Dublín, nos dieron un premio a la mejor iniciativa de revitalización de estadios olímpicos del mundo. Ganamos a Sidney, Cardiff, Jacksonville o Berlín. 

-¿Qué papel jugó B:SM en todo este 'acoso y derribo' que denuncia usted?

-Lo pasaron mal y su director general acabó dimitiendo. Dimitió harto de las arbitrariedades y presiones del presidente, Gerardo Pisarello. B:SM hizo lo posible para parar la avalancha de abusos que cometieron sus jefes. Pero llegó un momento en el que no podían más, y su director general dimitió. Lo explicásteis aquí en Crónica Global. 

Tuvieron que hacer de correa de transmisión de ese asedio de los comunes. La directora jurídica llegó a decir en un correo electrónico haré el informe en el sentido que me mandéis. Les utilizaron como correa de transmisión. 

La querella está trufada de datos, apoyados por pruebas, sobre cómo buscaron derribarnos. B:SM fue un mero instrumento en esa estrategia, y les citaremos como testigos si el caso llega a juicio. 

-La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la no admisión de la querella y que el caso se resuelva en un pleito de compensación. ¿Cómo lo ve?

-Estamos sorprendidos. Tendré que dar la razón al presidente del Gobierno cuando preguntó aquello de ...la Fiscalía de quién depende. Pues bien, el ministerio público abre la puerta a que se enjuicie el asunto en otra jurisdicción. 

Bajo nuestro punto de vista, una querella de 144 páginas con 250 pruebas anexas, la mayoría actas oficiales de reuniones y contratos firmados por dos partes, no hay tiempo material para leérsela en siete meses. El juez lleva siete meses haciéndolo. Pero Fiscalía se ventiló el tema en dos semanas diciendo que no veía indicios delictivos. 

Tengo entendido que el deber de la Fiscalía es perseguir el delito. Pues bien, ya hay un primer indicio de delito cuando los comunes prometen que cerrarán un parque temático si ganan las elecciones. Eso ya es un indicio. Además, nosotros damos 250 pruebas para fundamentar la acusación. 

Yo confío mucho en los poderes del Estado. Estoy seguro que harán justicia con este caso.