Pisarello, Badia y Asens obligaron a los impulsores del parque del deporte de Montjuïc a fichar a una fundación de los comunes

Es uno de los hechos denunciados en la querella interpuesta por los creadores del fallido parque en el Anillo Olímpico. En el escrito, al que ha accedido este medio, se detalla que el Ayuntamiento de Barcelona dio permiso al parque solo a cambio de que su promotor montara una exposición de la Olimpiada Popular. Lo que es más, forzó a que la actividad la tutelara I.V., miembro del patronato de Fundació l'Alternativa, de EUiA. 

"Fue financiación ilegal"

En el escrito, de 147 páginas, los denunciantes aseguran que esto da pie a investigar financiación ilegal de los comunes. Explican que se obligó a que "se contratase laboralmente" a V. so pena de no recibir la licencia de actividad que necesitaban. 

Eloi Badia, expresidente de B:SM, en su etapa de concejal en Barcelona Cedida

Los querellantes, además, sostienen que se les sugirió la contratación de otras personas "afines" a los comunes. Lo rechazaron, "aguantando", ante lo que el gobierno municipal respondió dificultando el acceso a "permisos y gestiones diarias" del parque. 

Finalmente, se les cargaron las facturas de "localización, producción, mantenimiento y gratuidad" de ese evento, señala el escrito que está en manos del Tribunal Supremo. 

Un día por 1.500 euros

En la denuncia, se detalla que la Olimpiada Popular de 1936 no fue el único requerimiento que se les impuso desde el equipo de Gobierno local. La Fundació l'Alternativa de EUiA también disfrutó de un día entero del parque, porque lo pidió el consistorio. La jornada fue para una caminata-homenaje al expresidente catalán Lluís Companys y la sufragó el promotor.

La fundación pagó por el uso de todo el recinto solo 1.500 euros, una tarifa "groseramente fuera de mercado". 

La Hispanidad, vetada

Open Camp también encajó vetos ideológicos, aducen los empresarios. El parque programó actividades para celebrar tanto la Diada de Cataluña -el 11 de septiembre- como la Hispanidad el 12 de octubre de 2016.

La primera se pudo celebrar, pero la segunda, no. Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), la holding de las empresas municipales de la capital catalana que es la dueña del recinto de Montjuic, obligó a cerrarlo. Alegó que tenía que preparar una Festa dels Súpers, uno de los eventos estrella de TV3, que se celebraría 10 días después. 

Un 'dummie', en el Open Camp de Montjuïc Cedida

Tampoco se permitió transformar un vestuario en un changing room de la selección española en colaboración con Telefónica. El veto provocó preguntas del PP en el ayuntamiento. El promotor admitió sus intenciones comerciales, que fueron abortadas por B:SM. 

"Ahogo"

De forma paralela, desde el recinto, único en el mundo en aquel momento, se denuncia que se desarboló su modelo comercial. ¿Cómo? Obligando a días de puertas abiertas antes de abrir; imponiendo la inauguración de la Puerta Maratón --la principal--; impidiendo la publicidad estática exterior; vetando las taquillas del Estadio Olímpico Lluís Companys; forzando a una zona gratuita que provocó una caída de las entradas de hasta el 88%; reservando zonas de exclusión comercial o abriendo hasta los baños para los paseantes. 

Asimismo, los emprendedores vieron como B:SM contraprogramaba su actividad y les prohibía el uso durante la preparación y celebración de grandes conciertos. Solo los de Coldplay provocaron el cierre del parque olímpico durante 10 días. No hubo facturación ni contraprestación alguna.

B:SM como cooperador

En su acusación, los directivos alertan de que los comunes usaron a B:SM como cooperador en esta estrategia de lo que consideran una asfixia de su actividad. El conglomerado no se adhirió al convenio de acreedores aduciendo "informes jurídicos que no existían entonces, tal y como se puede comprobar en la fecha de emisión de los mismos". 

Una de las actividades en Open Camp Cedida

La sociedad-paraguas tampoco tuvo "colaboración debida"; y señala que el consistorio filtró a los medios de comunicación amigos que la firma "debía 16 millones" en plenas negociaciones con otros inversores para "salvar la instalación". Los interesados venían de Dubái o Estados Unidos, entre otros. 

Finalmente, el parque arrojó la toalla. Fue a concurso voluntario de acreedores y, después, a liquidación. 

287 despidos y 31 millones de pérdidas

La consecuencia del fin de la historia comercial fueron los despidos de 287 personas entre empleos directos e indirectos. Y una pérdida de 31 millones de euros a los impulsores del espacio deportivo. Asimismo, los principales perjudicados por el cierre, que Open Camp ve forzado, fueron Segitur (1,5 millones de euros); la propia B:SM (1,4 millones) y Comsa (1,3 millones). 

Eso sí, su principal impulsor, Paco Medina, se ha repuesto del lance y ha regresado a su consultoría estratégica. También ha redactado la extensa querella que narra los hechos. 

El Tribunal Supremo delibera

El escrito, fundamentado con abundante prueba documental, ha recalado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Allí, Medina acusa a los ahora diputados de Sumar Gerardo Pisarello y Eloi Badia, y al abogado Jaume Asens, de los delitos de prevaricación, fraude, cohecho y financiación ilegal.

En el momento de los hechos, Pisarello era responsable del área económica, Eloi Badia presidía B:SM y Asens era concejal del distrito de Sants-Montjuïc del gobierno liderado por Colau. 

Gerardo Pisarello, exconcejal en Barcelona y ahora diputados, en el Congreso EFE

Ocho años después, la situación ha cambiado. Los dos primeros son aforados, por lo que si el Tribunal Supremo les quiere investigar, debe remitir un suplicatorio al Congreso de los Diputados.

La máxima instancia judicial lo está meditando, señalan fuentes jurídicas. Si la sustancia, sería la primera de la historia democrática de España por corrupción. La primera fue la del diputado Alberto Rodríguez (Unidas Podemos), que acabó condenado por un delito de atentado contra la autoridad. Ahora, el Tribunal Constitucional la ha anulado.