Repsol reduce un 14% su beneficio pero alcanza su compromiso de dividendo a 2025

Repsol registró un resultado neto hasta septiembre de 2.785 millones de euros, un 14% menos que hace doce meses debido a los menores precios del mercado de hidrocarburos, muy impactados aun hace un año por la guerra en Ucrania. El beneficio ajustado, que mide de forma aislada el rendimiento de los negocios, descendió un 19%, hasta 3.816 millones de euros. 

No obstante, el consejo de administración de la compañía ha acordado el pago de un dividendo de 40 céntimos por acción el próximo mes de enero, con lo que no sólo eleva un 14% la cuantía de esta retribución sino que alcanza el objetivo de retribución al accionista que se fijó para los años 2024 y 2025.

Menor deuda

Con la suma de pagos en efectivo y amortización de acciones recompradas, Repsol repartirá entre sus socios cerca de 2.400 millones de euros en 2023. 

Las ventas de activos realizadas en los últimos trimestres han permitido a la energética reducir su deuda hasta los 1.855 millones de euros.

5.200 millones de inversión

Parte de los ingresos obtenidos con estas operaciones se ha destinado al crecimiento de Repsol en el sector de bajas emisiones. 

En este sentido, la empresa prevé cerrar 2023 con un volumen de inversiones de 5.200 millones de euros, un 24% más que la cifra consignada el pasado año y que ya ha sido superada en los nueve primeros meses del presente ejercicio, con un total de 4.362 millones.

Transformación

España, con el 41%, fue el foco principal del destino de las inversiones del grupo, seguido de EEUU, con el 37%.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, consideró que 2023 está siendo un año de "profunda transformación" para la energética, "con avances firmes en descarbonización y en la consolidación de nuestro perfil multienergético".

Contra el impuesto extraordinario

En el comunicado que da cuenta de los resultados de la compañía, Repsol carga contra el impuesto de carácter extraordinario que el Gobierno estableció el pasado año y que ahora podría transformarse en permanente. La energética considera que estas decisiones provocan un escenario de inestabilidad regulatoria y fiscal en España lo que "podría condicionar los futuros proyectos industriales" en el país. 

La empresa que preside Antonio Brufau considera que el gravamen "castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país". Y, a cambio, favorecen a agentes importadores, que no tienen impacto en la actividad económica ni en la generación de puestos de trabajo.