Un juzgado de Barcelona marca un cambio sustancial en los créditos ICO del Covid

Los fallos en la publicidad de la línea de créditos ICO para pymes que el Estado activó en la parte dura de la pandemia del coronavirus le pueden salir caros a las arcas públicas. El Juzgado de Primera Instancia número 29 de Barcelona ha rebajado al 20% la responsabilidad de una empresa que se acogió a estos préstamos blandos lanzados en 2020.

La sentencia se publicó el pasado 10 de octubre y determina que existe un “vicio en el consentimiento” por parte de los fiadores del préstamo que recibió la pyme. Es decir, del Estado.

La empresaria declaró que no podía pagar el 100% del aval

El tribunal señala que tanto en las cláusulas como en la publicidad de estos ICO hicieron creer al empresario que está implicado en la causa que lo público cubriría el 80% del aval y no el 20%, como ocurre en realidad. Por todo ello, la sala determina que la pyme en cuestión no actuó de “mala fe” y da por probado que el error fue “esencial, excusable y no imputable”.

Da credibilidad a la declaración de la dueña de la pyme en el juicio, cuando declaró que no hubiera firmado el crédito si hubiera sido consciente de que la garantía asumida era del 100%.

La sentencia no es firme

“Hubo un lapsus entre la voluntad interna y la declaración, una creencia errónea, una representación mental equivocada”, manifiesta el tribunal. El Estado tendrá que asumir lo que se anunció de forma velada en su publicidad y en las cláusulas de condiciones de la línea ICO del Covid. La sentencia no es firme, cabe recurso.

El Estado decidió dotar de liquidez a las empresas del país para paliar las consecuencias del coronavirus. El Real Decreto en que creó una línea de avales de 40.000 millones se aprobó en julio de 2020 y estaba destinada a empresas y autónomos. Estos se comprometían a realizar nuevas inversiones y se les daba crédito blando para este fin.