El Govern aterriza en el ‘caso Celsa’ y convoca a los Rubiralta y a los fondos

El Govern ha pedido su dosis de protagonismo en el llamado caso Celsa y ha anunciado la convocatoria de encuentros con las “diferentes partes” implicadas en el conflicto. Es decir, con la familia Rubiralta, los fundadores del gigante siderúrgico, como los acreedores que tomarán la propiedad de la compañía, un grupo en el que se incluyen varios fondos de inversión y Deutsche Bank.

La portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja, ha anunciado que el consejero de Empresa, Roger Torrent, tiene “previstas reuniones” en los “próximos días” con ambos representantes. El objetivo de los republicanos con la nueva propiedad está claro, intentarán conseguir “garantías” de la “integridad del proyecto [industrial] de Celsa y para mantener los puestos de trabajos”.

La Generalitat, con los Rubiralta

Queda pendiente conocer cuál será la petición que le hará llegar la Generalitat a los descendientes de los fundadores de Celsa. Han perdido la propiedad de la compañía tras la sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona que homologaba el plan de reestructuración del grupo, una nueva posibilidad incluida en la nueva ley concursal.

El Govern se había mantenido al lado de la familia catalana hasta la fecha y criticó la forma con el que iban a ser apeados de la propiedad. Tildó de “fondos buitre” los nuevos propietarios, cuestión que ha sido enmendada por el magistrado que ha dictado el futuro de una compañía con más de 3.000 millones de deuda.

Empresa ‘estratégica’

Plaja ha aviado que el gobierno liderado por Pere Argonès consideran que la siderúrgica es una “empresa estratégica” para la economía catalana. Se alinean de esta forma con los Rubiralta, que aseguran que las particularidades de la compañía requieren que el Gobierno central autorice el cambio en la propiedad.

La portavoz ha asegurado que la Generalitat “velará para proteger la integridad de la cadena de valor y el modelo industrial [de Celsa], que garantiza la reinversión de recursos y el mantenimiento de los puestos de trabajo”. Da por sentada de esta forma que el relevo en la propiedad se producirá, aunque no se ha referido de forma abierta a ello.

Fuentes jurídicas esperan que en las próximas semanas tenga lugar un pulso entre la familia Rubiralta y los acreedores por la toma de control de Celsa. Los aún propietarios defienden que la sentencia no es ejecutiva, mientras que los impulsores del plan de reestructuración homologado señalan que el juez Álvaro Lobato, el titular del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, ha sido claro al respecto.