El titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, ha homologado el plan de reestructuración de la deuda de Celsa propuesto por los fondos de inversión. De esta forma, la familia Rubiralta pierde el pleito contra sus acreedores por el control del gigante siderúrgico, que cambiará de manos.
El plan de reestructuración prevé la capitalización de una parte importante del pasivo. Los fondos pasarán a ser accionistas de la compañía en sustitución de los Rubiralta, que están forzados a diluirse en el capital. En su conjunto, el grupo adeuda más de 3.000 millones de euros que se reparten en la llamada deuda jumbo o a largo plazo y la convertible.
Ganan los fondos
Entre los acreedores se hallan firmas como Deutsche Bank, Anchorage y Attestor, entre otras. Solo Kutxabank se separó del bloque de acreedores en el transcurso del juicio celebrado el pasado julio.
La resolución acuerda la homologación del plan de reestructuración, elaborado por Lexaudit, al entender que este reúne todos los requisitos legales dado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía y que asegura la viabilidad del grupo industrial. Además, deniega la batería de prejudiciales presentada por la familia, por lo que, una vez se cuente con la autorización necesaria del Gobierno, la decisión podrá ejecutarse sin más dilación.
Instalaciones de Grupo Celsa en Reino Unido
Advertencia a los fondos
El magistrado afirma que "en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica". Además, reconoce a los acreedores la facultad de implementar el plan propuesto, que "es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa".
Aunque les advierte que “deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía,manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto".
Nueva ley concursal
La resolución tenía especial interés no solo por la magnitud empresarial de Celsa, sino porque se trataba de la primera vez que se fijaba jurisprudencia sobre los planes de reestructuración de deuda, un nuevo instrumento incluido en la reciente reforma concursal.
Así, la sentencia profundiza en la interpretación económica de la ley concursal y ofrece claves interpretativas para otras empresas en crisis.