Vanessa Servera, consejera delegada del ICF

Vanessa Servera, consejera delegada del ICF ICF

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La nueva responsable del ICF pone orden a la asesoría jurídica con un macrocontrato que moviliza a los grandes

La entidad pública que dirige Vanessa Servera licita por dos millones los servicios legales que prestan las consultoras

18 julio, 2023 23:30

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El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) pone en orden sus servicios externos de asesoría jurídica. La entidad pública adscrita a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña ha abierto el proceso para adjudicar este macrocontrato por 1,95 millones de euros más impuestos. Un movimiento que fuentes financieras enmarcan en el golpe de timón de la consejera delegada del organismo, Vanessa Servera, que se ha marcado como objetivo implantar un modelo de "gestión impecable "desde el punto de vista de la transparencia, tal y como indican desde su entorno. 

Por su parte, los portavoces del instituto han señalado a este medio que la adjudicación tendrá lugar entre septiembre y octubre -las empresas interesadas tienen de plazo hasta mediados de septiembre para presentar sus candidaturas-. Los servicios licitados se dividen en cuatro contratos (derecho público, bancario, capital riesgo y compliance), que tendrán una duración máxima de cinco años.

Imagen de la fachada de la sede del ICF en la Gran Via de Barcelona / CG

Imagen de la fachada de la sede del ICF en la Gran Via de Barcelona / CG

Un equipo legal troceado

Desde el organismo subrayan que "los servicios jurídicos del ICF se dirigen de forma interna por parte del equipo jurídico", pero que ante una "complejidad" normativa y regulatoria "creciente", "se hace necesario contar con un asesoramiento de expertos jurídicos especializados que puedan dar apoyo al equipo de abogados internos". Recuerda, asimismo, que "los importes presupuestados [en el concurso público que se acaba de abrir] se han establecido como máximos que no será obligatorio consumir por parte del Grupo ICF".

Las fuentes del sector consultadas indican que el organismo cuenta con una decena de abogados en su equipo jurídico interno que, sin embargo, no actúa de forma centralizada sino que se divide en las diferentes divisiones. "La estructura jurídica interna del ICF es pequeña y disgregada", afirman.

Sobre el plazo para la adjudicación, manifiestan que no está cerrada, ya que, a pesar de los cinco años de referencia del contrato, lo que se topa son los precios por hora de los servicios. Por lo que el importe máximo se puede agotar en un tiempo menor, incluso de un año dependiendo del volumen de trabajo, hecho que implicaría reiniciar la licitación o pactar algún tipo de prórroga. 

Medidas de transparencia

Los mismos interlocutores añaden que los servicios jurídicos externos de la entidad pública se apoyaban hasta ahora en otro macrocontrato en manos de KPMG. Sin embargo, se ha complementado con contratos menores firmados con otras consultoras, que algunos casos las fuentes consultadas tildan de poco ortodoxos bajo el pretexto de la "confidencialidad", una situación que ahora se intenta regularizar.

"La nueva consejera delegada es más purista que sus predecesores", explican los mismos interlocutores, que hacen hincapié en el "cambio de política de la casa". Se trata de una "renovación importante" que ha derivado en un cambio de criterio en las adjudicaciones que supone "un paso relevante".

Vanessa Servera, consejera delegada del ICF

Vanessa Servera, consejera delegada del ICF ICF

KPMG y Deloitte

Las compañías aspirantes todavía tienen tiempo para presentar sus candidaturas, pero se espera que concurra KPMG para renovar, y que se apoye en que "conoce bien" la complicada estructura del ICF. "Un híbrido que genera ciertas distorsiones en cuanto a su régimen jurídico público y la naturaleza privada en su actividad", se remarca desde el sector.

No es la única consultora que conoce los entresijos del organismo.También ha trabajado estrechamente con este ente Deloitte, que es "desde hace muchos años" su asesor financiero. De hecho, hace un año se adjudicó la gestión fiscal de todas las sociedades del instituto. Se espera que esta firma mantenga al menos este apartado, que normalmente se excluye del macrocontrato de asesoramiento, mientras que el resto de servicios dependerá del resultado de la nueva licitación.

Roca, Cuatrecasas y PwC

A pesar de la colaboración de Deloitte con el ICF, la relación entre ambas organizaciones no siempre ha sido fácil. "En su momento se le pegó tal apretón en el precio que la calidad del servicio se resintió", expresan las voces consultadas, que recuerdan que fue precisamente la firma británica quien se encargó del fallido intento por conseguir la ficha bancaria del Banco de España, un episodio que "tensionó bastante" las relaciones.

Más allá de KPMG y Deloitte, otros nombres que han colaborado con la entidad y que podrían concurrir son Roca Junyent -a cargo de otra área excluida del macrocontrato, la de órganos colegiados- y Cuatrecasas, aunque esta última no se suele presentar al macrocontrato y "sería una sorpresa" que lo hiciese.

Quien sí ha optado en el pasado, aunque no en todas las ocasiones es PwC, que llegó a lograr algún contrato hace años y podría volver a intentarlo. El plazo de presentación de ofertas acaba de iniciarse.