Las datos desmienten a Colau: Madrid construye el doble de vivienda social que Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona está haciendo "más vivienda de alquiler que nunca, muchísima más que la Comunidad de Madrid". Esta afirmación, lanzada por la alcaldesa Ada Colau, no se sustenta en los datos a los que ha accedido Crónica Global, que ha consultado al consistorio barcelonés, al madrileño, a la Comunidad de Madrid, a la Generalitat de Cataluña y a un experto independiente. De hecho, la Administración liderada por Isabel Díaz Ayuso levanta casi el doble de inmuebles sociales que la capital catalana.

Por encima de todo, las cifras ponen de manifiesto la insuficiente promoción de obras de este tipo por parte de todas las instituciones, aunque algunas han logrado una mayor agilidad que otras al ampliar el parque público.

La número dos de Barcelona en Comú, la teniente de alcalde Janet Sanz, llegó a asegurar que Barcelona "hace más vivienda que la Generalitat y la Comunidad de Madrid juntas". De nuevo, la proclama no se corresponde con los datos facilitados por las Administraciones, ya que, en números absolutos, es la comunidad presidida por Ayuso la que tiene en marcha la creación de más pisos sociales que la suma del Govern y el ayuntamiento de la capital catalana.

Ada Colau en unas obras de vivienda social EP

Barcelona se queda en la mitad

Los portavoces municipales señalan que la capital catalana tiene actualmente en proyecto unas 4.340 viviendas. De todas ellas, 2.000 pisos ya están en obras, a los que hay que añadir otros 2.000, cuya construcción se iniciará en 2024, y 340 más de tipo público-privado, que se empezarán a edificar a finales de año.

Por su parte, la Comunidad de Madrid tiene en marcha 8.115 unidades: 1.500 de la Agencia de Vivienda Social en diferentes fases de construcción, otras 4.200 público-privadas del Plan Vive, 2.400 del mismo plan ya adjudicadas y 115 locales comerciales a transformar, sobre todo para personas con movilidad reducida (15 en obras y 100 que se adaptarán este año o en 2024).

Ada Colau (i), alcaldesa de Barcelona, con Janet Sanz (d), teniente de alcalde de Urbanismo / EP

"Más vivienda que nunca"

En un vídeo de campaña publicado en Tiktok, la alcaldesa ha reconocido que "los precios de los pisos están por las nubes". De hecho, desde que se hizo con la vara de mando del municipio, los alquileres se han disparado casi un 50%. Sin embargo, también se ha vanagloriado de que, desde 2015, Barcelona está "haciendo más políticas de vivienda que nunca" y ya es "la ciudad con el parque público más grande de todo el Estado". Asimismo, defiende la compra de "edificios enteros en todos los barrios a precios inferiores de mercado" mediante la polémica vía del tanteo y retracto, que ha llevado al ayuntamiento a pagar millones por fincas en el centro de la ciudad.

Para completar este baile de cifras, desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid aseguran que es en realidad el consistorio madrileño el que se ha convertido en "el mayor promotor de vivienda pública de toda España". Actualmente tiene 2.535 pisos en desarrollo (1.912 en obras y 623 en tramitación). Además, la empresa municipal madrileña destaca que su parque actual es de 7.794 viviendas, pero que desde mayo ha entregado 1.475 nuevas y, por lo tanto, ha puesto en marcha un total de 4.010, lo que supone un incremento del 40% y permitirá alcanzar un parque social total de 10.000 viviendas.

Imagen de la promoción de vivienda social en madera prefabricada en Barcelona / CG

Lejos del 10% necesario

El Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, subraya que su parque social actual cuenta con 11.600 pisos --que serán 12.000 a finales de año--, lo que supone un incremento del 55% desde 2015. Pero mientras las distintas Administraciones sacan pecho de sus iniciativas y se disputan el liderazgo en políticas de este ámbito, los especialistas en vivienda inciden en que ninguna ha acometido el despliegue suficiente para acabar con el problema del acceso a la vivienda.

Josep Maria Raya, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), considera que "estamos en números muy lejanos" con respecto a las necesidades de hogares sociales. "Necesitaríamos aproximadamente un 10% del total de viviendas para estar en la media europea, que quiere decir tener aproximadamente cinco veces más de lo que tenemo hoy", señala.

Una promoción de vivienda social en la ciudad de Madrid EMVS

Colaboración público-privada

Según el economista, en el caso de Barcelona sería necesario alcanzar una proporción "un poco superior" para solucionar este problema. "Aunque lo han intentado, algunas promociones sociales se han quedado desiertas y has de buscar un equilibrio entre hacer algo bueno para la sociedad y los beneficios de la empresa", explica en relación al modelo público-privado, que ve necesario porque "el sector público no tiene músculo suficiente para hacer vivienda social y tiene que tirar del sector privado".

El consistorio liderado por Colau ha intentado impulsar viviendas público-privadas a nivel metropolitano mediante Habitatge Metròpolis Barcelona, que tiene el modesto objetivo de levantar 4.500 pisos --frente los 25.000 del plan Vive de Madrid--. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto barcelonés lamentan la lentitud de su puesta en marcha por la inoperancia burocrática del ayuntamiento. Finalmente, la ciudad iniciará las primeras promociones a finales de año, que permitirán incorporar 340 alojamientos, frente a los 6.600 del plan Vive que ya están en marcha.

Una promoción de vivienda social en la ciudad de Madrid EMVS

Rigidez y burocracia

Las promociones de carácter público-privado son, por tanto, la principal diferencia entre la velocidad de construcción de Barcelona y de Madrid. Aunque el Gobierno regional de Ayuso ha sufrido importantes retrasos --que achaca al bloqueo parlamentario a los presupuestos autonómicos--, ha realizado cambios legales para agilizar la burocracia con la intención de evitar demoras excesivas en los proyectos. Precisamente, lo que ha ocurrido en la Ciudad Condal, donde algunas convocatorias han quedado desiertas y se han tenido que readjudicar.

En cuanto a la obligación de destinar un 30% de las promociones de obra nueva a vivienda social, que ha frenado en seco la construcción en Barcelona, el profesor Raya cree que "se seguirá utilizando, pero teniendo en cuenta números buenos para todo el mundo", ya que la medida "ha sido muy estricta y debe ser flexible y conceder algo a cambio: más suelo, más posibilidad de edificar... Posiblemente se debe negociar más y ser más sensible", indica el economista.

Una grúa en un edificio en construcción en Barcelona / EP

Conflicto con los promotores

El catedrático también apunta que "cuando ves los números de dinamización de suelo público, es verdad que son mejores en Madrid que en Barcelona, pero en el fondo es por la sensibilidad hacia el sector constructor". "Ahí no se atasca cuando hay un problema, mientras que aquí hay un problema en la relación entre el ayuntamiento y los constructores", recuerda.

"La sensibilidad tal vez es mayor en Barcelona, pero a la hora de ejecutar se atasca con trámites". Algo que "funciona mejor" en la capital de España, por lo que reclama a los gestores de la capital catalana una mayor flexibilidad en las relaciones con los diferentes actores implicados en el despliegue de políticas efectivas de vivienda.