Casa Orsola de Barcelona se convierte en el laboratorio de pruebas de los ‘sindicatos’ de vivienda

El desahucio de la Casa Orsola se ha pospuesto por segunda vez en una maniobra judicial que ha elevado la operación hasta la Audiencia Provincial de Barcelona. Este tribunal será el encargado de revisar la sentencia que dictó hace meses un juzgado de primera instancia de la ciudad y fijó la fecha de lanzamiento para antes de verano. De este modo, la pugna por el control del edificio modernista del Eixample se ha convertido en un laboratorio de pruebas de los llamados sindicatos de la vivienda que, por ahora, se salda a favor de los allanadores.

Fuentes jurídicas apuntan a que el nuevo lanzamiento se puede prolongar entre ocho y 12 meses, lo que situaría el desenlace de Casa Orsola, como pronto, a principios de 2024. Esta fecha contrasta con la del 19 de mayo, la prevista en un primer momento para permitir a la propiedad recuperar la gestión de las viviendas.

Elecciones locales

Desde el sector inmobiliario se apunta a que la proximidad de las elecciones municipales también ha sido uno de los motivos del retrasarla. Se ha evitado que el proceso en curso fuera el escenario de la campaña electoral, tal y como ha ocurrido con las dos casas okupadas del barrio de la Bonanova.

Una de las casas okupadas del barrio de la Bonanova / GALA ESPÍN

Más allá de la oportunidad política, estas voces señalan que la dilación del proceso supone “una muestra más de la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de viviendas” en Barcelona. La Audiencia tiene la última palabra sobre el futuro de Casa Orsola por el recurso de un inquilino que se resiste a abandonar su piso en el edificio modernista y que recibe el apoyo jurídico de estos sindicatos de vivienda.

Cuatro inquiokupas

Son cuatro los vecinos a los que se les ha acabado el contrato de arrendamiento y han decidido convertirse en inquiokupas. De hecho, en una de las vistas judiciales que se ha celebrado sobre el caso la antigua propiedad explicó que los vecinos habían reconocido que el Sindicat de Llogaters les había pedido que no abandonasen sus viviendas al finalizar los contratos.

Solo uno de ellos cumple los requisitos para conseguir un contrato de alquiler social por vivir una situación de vulnerabilidad. El resto cuentan con unos ingresos que les alejan de esta figura y les permiten abonar el coste de un contrato de alquiler al uso por el tipo de edificio y zona, donde se pagan desde 1.200 a 1.500 euros por pisos parecidos según su estado de conservación.

Rechazo de un alquiler social

De hecho, los nuevos propietarios ya explicaron que la Casa Orsola necesita someterse a una reforma “importante” en su totalidad que no podrá completar hasta que no culmine el proceso judicial.

Los vecinos de la Casa Orsola de Barcelona protestan ante la Ciutat de la Justicia ante el juicio a un inquilino / EUROPA PRESS

No habrá ningún lanzamiento hasta, como pronto, principios de 2024. Desde el sector también tildan de “errática” la estrategia del Sindicat de Llogaters, ya que la propiedad ha brindado un alquiler social al inquilino que tenía derecho a ello y ha rechazado la oferta.

Debate sobre la vivienda

El debate sobre la vivienda marca el inicio de la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo. Lo ocurrido en Casa Orsola también se debe tener en cuenta por la dosis de ideología que lo marca. Se apunta a que estos términos confunden. Tanto, que se pone en el mismo saco las familias que precisan de una vivienda asequible (e incluso la rechazan) y los que, a pesar de contar con unos ingresos estables, deciden no pagar un alquiler.