Iberpotash, la empresa israelí que goza de impunidad en la Cataluña 'indepe'

Llueve sobre mojado. Los tres fallecidos en la mina de Súria (Barcelona) de Iberpotash se suman a los fallecidos en 2013 y a otros accidentes anteriores. La empresa minera incumple la seguridad en el trabajo y atrofia el medio ambiente del Bages, mellado a fuego por las montañas de residuos contaminados de Sallent. En 2018, el fiscal de medio ambiente instó a la empresa a elaborar un plan eficaz para recuperar pozos y acuíferos contaminados en dicha comarca.

Advirtió de que si la empresa no descontaminaba la zona, se encargaría la Generalitat de hacerlo con cargo a Iberpotash. Pero las montañas de despedicios siguen ahí y afectan a las aguas subterráneas, que han provocado filtraciones a los ríos Cardener y Llobregat. Todo con la aquiescencia del poder político.

Una de las minas de potasa de Súria / LUIS MIGUEL AÑÓN - CRÓNICA GLOBAL

El país entero lamenta a un Govern sin pulcritud que incumple no solo la ley sino los fallos judiciales concretos de la Audiencia, rácana a la hora ordenar las ejecuciones de sus fallos. Iberpotash S.A, que fue creada en 1098, es filial de la empresa israelí ICL Fertilizantes, uno de los mayores productores mundiales de potasa y fertilizantes de fósforo, ácido fosfórico, fertilizantes especiales y aditivos para piensos. Su hólding, ICL (Israel Chemicals Limited), es uno de los líderes mundiales en la producción de compuestos de bromo y productos ignífugos, así como diversos productos químicos utilizados en construcción, farmacia, automoción, industrias de perforación electrónica, petrolíferas y gas.

La Generalitat le concedió a la empresa prórrogas para cumplir con sus compromisos medioambientales en la etapa en la que Artur Mas era president. Los estrategas empresariales de la antigua CiU --Antoni Subirà, consejero de Industria y Rafael Español, presidente de La Seda-- pusieron su empeño en la presencia del grupo multinacional.

El lobi judío

El grupo proisraelí del nacionalismo catalán está compuesto de forma heterogénea por un sector del management económico y académico. Profesores universitarios como Andreu Mas-Colell, acólito de sinagoga por parte de esposa; Sala i Martín, cenobita sin templo, o el mismo Jordi Galí, impulsor del CREI, han sido durante años valedores de los pactos del Govern en Tel Aviv --colina Tel de la primavera, su significado en castellano--, capital del país y cuna del Likud, el partido fundado por Manajem Beguín.

La nueva casta intelectual pro judía catalana proviene de tiempos lejanos, los de la comunidades semíticas francesas, como la de Besiers, la influencia casi eterna del rabino de Lunel o del Nesim de Monpelier. En los calls de Girona y Barcelona quedan muestras patentes de una tradición que revive con la ayuda del poder. En Cataluña, el mundo judío ha vivido bajo la sensibilidad protectora de las mayorías.

Pujol visita Israel

A la ciudad de Girona la llamaban la Mare d’Israel; Barcelona, por su parte, refugió los estudios de la Cábala durante los años atroces de la Inquisición y la pureza de sangre. España, la Sepharat doliente, tuvo y mantiene en Cataluña comunidades científicas de origen judío, teólogos, médicos y grandes arquitectos. Este conjunto de identidades no tiene nada que ver con la conducta antiecológica de Iberpotash, pero es cierto que, desde determinadas esferas de las élites, se ve a la empresa con los ojos de un acomodo salvífico. 

Jordi Pujol fue, en su momento, el primer político español en visitar Israel. En el campo de la cultura, la lengua catalana, más allá del antisemitismo del pasado, expresado por Verdaguer y por la frialdad distante de Josep Pla o de Sagarra, está marcada hoy por aportaciones muy actuales, en el campo de la narrativa, como las de Vicens Villatoro, Martorell, Alfred Bosch, Pilar Rahola o Isabel-Clara Simó.

Encontronazos judiciales y sentencias incumplidas

En el caso concreto de Iberpotash, los vertidos de Sallent debían estar limpios por decisión judicial hace casi una década. El plazo judicial terminó en aquel difícil 2017, pero sea como sea, ha pasado un lustro y la vergonzante mancha continúa en su sitio. Iberpotash es la única empresa de extracción de potasa en España, la empresa de minería más grande de Cataluña y poseedora de las mayores reservas de potasa de Europa. Exporta más del 70% de su producción principalmente a la Unión Europea, Sudamérica, norte de África y Asia. Desde 2011, la empresa viene implementando el llamado Plan Phoenix, basado en las reservas de potasa del territorio con una duración de 90 años.

Artur Mas visitó las instalaciones de Iberpotash durante su primer mandato.

En una primera fase, hasta el 2014, las inversiones irán destinadas a mejorar los procesos de extracción de la potasa, la construcción de una planta de sal vacuum y el cierre de la mina de Sallent, dejando sin restaurar una escombrera de sal de más de 40 millones de toneladas. La segunda fase del proyecto prevé ayudas públicas de la Generalitat, la construcción de un tren que conecte con el Corredor Mediterráneo y la instalación de un polígono Industrial a cargo de Consorcio de la Zona Franca.

Los residuos generados por Iberpotash igualan el total de los residuos industriales de Cataluña, según los datos que maneja Montsala, plataforma medioambiental de la comarca de El Bages que lleva desde 1997 denunciando los incumplimientos de Iberpotash. La empresa debe depositar una fianza minera a la administración autonómica para hacerse acreedora de las subvenciones públicas. Pero Iberpotash está muy lejos de aceptar el cálculo de un auditor independiente, el Estudio Ramon Folch, que cifra la fianza mínima en 100 millones de euros, unas 50 veces mas de lo que le exige la Generalitat a la empresa.

El informe Folch revela que la mayoría de las actuaciones para mitigar los efectos de las minas las ha hecho la administración, "que parece haber actuado subsidiariamente ante la falta de diligencia del contaminador". En los últimos 30 años, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha destinado al menos 200 millones a paliar la salinización del Llobregat, abastecedor de la región metropolitana de Barcelona. Y esta salinización, en gran parte producto de las minas de Iberpotash, que tiene paralizada una montaña de deshechos de 40 millones de toneladas, que acabará en los ríos que alimentan el Área Metropolitana.

La marca Israel

Iberpotash es un caso de francachela entre empresa y Administración, que puede significar una sangría para el contribuyente porque si la empresa no cumple, debe cumplir la Administración, tal como señala una directiva de la UE. Por su parte, el sector inició hace años una respuesta conjunta ante el trato de favor que recibe Iberpotash en Cataluña. La Asociación Ibérica de Fabricantes de Sal (Afasal) ha calificado de “desastre ecológico” la situación provocada por Iberpotash a lo largo de los últimos años y reclama que “la ley sea igual para todo el mundo”.

Iberpotash es un puntal de la “marca Israel” en el mundo, con la que este país pretende lavar su imagen de opresor contra el pueblo palestino. Su políticos son responsables de la ocupación de los territorios palestinos --más de 200 asentamientos--, el robo del agua y la creación de un mercado cautivo para el colonizador y una economía y agricultura dependiente. Israel es un país que viola la Cuarta Convención de Ginebra; bloquea el acceso a la ayuda médica, practica detenciones arbitrarias y somete a prisión a cerca de 5.000 personas (algunas menores de edad), destruye viviendas y terrenos agrícolas, y sitúa checkpoints (puestos de control del ejército) por toda Palestina.

Israel ha sido condenada en numerosas ocasiones por la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Pero su marca potasa señorea Cataluña, gracias a la complacencia de los indepes, un poder público entregado a su causa.