El Estado retoma dividendos de Indra y Aena e ingresará 500 millones de sus participadas

No ha sido el único que ha echado de menos; ni tampoco la única buena nueva que ha recibido de sus participadas durante 2022. Después de siete años sin retribuir a sus accionistas, Indra ha vuelto a pagar dividendo, con la circunstancia de que el Estado también es el primer socio de la empresa especializada en tecnología y defensa.

El factor Caixabank

La progresiva reducción de los efectos del coronavirus y, con ella, la paulatina vuelta a la normalidad también ha permitido a las arcas públicas volver a disfrutar del dividendo de la participación financiera del Estado, que anteriormente procedía de Bankia y ahora lo hace de Caixabank, tras el proceso de fusión culminado desde el punto de vista mercantil en el primer trimestre de 2021.

Tras el levantamiento del veto del Banco Central Europeo a los dividendos de las entidades financieras que están bajo su tutela, el de Caixabank fue el que regresó con más brío. El primer plan estratégico de la entidad tras la absorción de Bankia le dio incluso una vuelta de tuerca más y le convirtió en el más ambicioso del sector en España, con un pay-out de entre el 50% y el 60%. 

Toda vez que el Covid-19 no alteró la política de remuneración a los socios de las dos empresas que gestionan las redes de transporte de electricidad y gas, Redeia (antigua Red Eléctrica Corporación) y Enagás, también con participación pública, el Estado recupera un repóquer de dividendos que le proporcionará ingresos próximos a los 500 millones de euros con cargo al ejercicio 2022 pero con una clara tendencia al alza.

Particularmente importante es el resurgimiento de Aena, a la sazón la que pasa por ser la participación pública bursátil más voluminosa. Y aún será necesario esperar un tiempo para recuperar las cifras previas a la crisis del Covid-19. 

Récord prepandemia

Cabe recordar que el último dividendo que el Estado recibió de la compañía que preside Maurici Lucena, de la que controla un 51% a través de la 100% pública Enaire, estuvo en el entorno de los 575 millones de euros; es decir, superó con creces la suma de los cinco que recibirá en los próximos meses y sin la participación de Indra, que aún no había recuperado el suyo.

Desde la privatización y posterior salida a bolsa, Enaire ostenta un 51% del capital del grupo que gestiona los aeropuertos de titularidad pública en España. En 2019, su beneficio neto rozó los 1.450 millones de euros, con un registro histórico de pasajeros, que sobrepasó los 275 millones. 

Recuperación

La irrupción del coronavirus supuso un severo cortocircuito para Aena, que aún no ha podido reponerse del impacto, como prueba los descensos cercanos al 30% que aún acumulan sus acciones desde el cierre de 2019, y que llegaron a superar el 41% en la etapa más complicada de la pandemia. 

En este periodo, la valoración del paquete de acciones en manos públicas ha descendido cerca de 4.000 millones de euros. Las estimaciones incluidas en el plan estratégico 2022-2026 que presentó Aena esta semana al mercado contemplan una recuperación del resultado operativo previo a la pandemia entre 2024 y 2025, años en los que también será capaz de superar el volumen de pasajeros que registró en 2019.

El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri (izq.), y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en la última junta de accionistas del banco / EP

Al menos, Aena ha decidido mantener en el 80% la proporción del resultado neto que destina a los accionistas, para cuyo reparto no tendrá en cuenta, además, la compensación que un cambio normativo introducido a través de una enmienda en el Senado le obliga a pagar a los arrendatarios de espacios comerciales hasta que se recuperen las cifras de usuarios previas a la pandemia. 

El otro gran activo bursátil del Estado es Caixabank, cuyo plan estratégico, también aprobado durante este año, supuso igualmente un espaldarazo a las previsiones de ingresos extra para las arcas públicas.

Generar capital

La hoja de ruta de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri no sólo contempla el pay-out más ambicioso del sector sino también generar capital por un importe aproximado de 9.000 millones de euros hasta 2024.

Gran parte de esta cifra irá a parar a los accionistas vía dividendo, lo que aseguraría al Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), la entidad a través de la que se mantiene la participación pública, unos ingresos en el entorno de los 1.400 millones hasta esa fecha.

El nuevo consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo (izq.), y el presidente, Antonio Llardén / ENAGÁS

En este caso, la presencia del Estado en el capital de la entidad cuenta con un límite real, finales de 2023, y uno indefinido, establecido en el compromiso adquirido en su día con Europa de deshacer su participación en un futuro tras el rescate del ya extinto Bankia. 

El primero ya ha sido prorrogado en varias ocasiones desde 2015, la primera fecha que se estableció como límite. De hecho, hace unas semanas la presidenta del FROB, Paula Conthe, aseguró en sede parlamentaria que no había en estos momentos argumentos que motivaran abandonar el capital de Caixabank, dado que con la operación se recuperaría un porcentaje mínimo de las ayudas recibidas en su día, que es precisamente el propósito de la futura venta.

Redeia y Enagás

La estabilidad de los negocios regulados en el caso de Redeia y Enagás, que también cuentan con planes estratégicos a largo plazo, otorgan también seguridad a los que pasan por ser de los dividendos más estables del parqué. 

La evolución de los negocios condicionará que el Estado pueda contar con ingresos recurrentes procedentes del parqué que se aproximen a los 1.000 millones de euros anuales.