Cataluña aportará un exiguo 2,5% al nuevo impuesto para ricos del Gobierno

Justamente en el lado opuesto se encuentra la Comunidad de Madrid, que cargará con gran parte de la nueva figura que el Ejecutivo pondrá en marcha a partir del año que viene y que forzará a los altos patrimonios registrados en la región que alberga la capital del país a pagar unos 650 millones de euros cada uno de los dos ejercicios (2023 y 2024) en los que, en principio, se prevé que esté en vigor esta nueva figura fiscal.

Tan abismal diferencia encuentra su explicación en el hecho de que la Administración regional madrileña bonifica la práctica totalidad de este tributo desde hace más de una década, lo que ha hecho que las grandes fortunas que tributan en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso se hayan ahorrado en los últimos ejercicios en torno a 1.000 millones de euros por cada uno de ellos. 

Algo que no será posible en 2023 y 2024, dado que los patrimonios a partir de tres millones de euros estarán obligados a rendir cuentas con el fisco, que aplicará hasta tres tipos diferentes en función del volumen de la riqueza declarada. 

Tipos casi idénticos

De acuerdo con el detalle que ha ofrecido este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aquellos que declaren entre tres y cinco millones de euros verán cómo se le aplica un gravamen del 1,7%, que se elevará hasta el 2,1% para el tramo de entre cinco y diez millones; por último, a partir de esta cifra se tributará al 3,5%. 

Montero también ha explicado que el impuesto será deducible del de Patrimonio. Y se da la circunstancia de que, en el caso de Cataluña, los tipos que se pagan para los dos primeros tramos son prácticamente idénticos a los que aplicará el Gobierno en el nuevo impuesto. 

Impuesto deducible

Así, aquellos contribuyentes que tributan en Cataluña pagan un 1,7% en concepto de Patrimonio para bases imponibles de entre 2,5 y 5,3 millones de euros; el tipo se eleva hasta el 2,2% para bases de hasta 10,7 millones de euros. 

La diferencia más sustancial se encuentra en el último de los tramos, a partir de esta última cifra, para el que el tipo a aplicar en Cataluña es del 2,7%, es decir, ocho décimas por debajo del marcado en el nuevo impuesto, con lo que este porcentaje no será deducible.

14.000 contribuyentes afectados

Una circunstancia que afecta a los aproximadamente 150 contribuyentes en Cataluña que declaran cantidades superiores a la citada. 

Por el contrario, en el caso de la Comunidad de Madrid la medida anunciada este jueves afectará a todos aquellos que declaren un patrimonio superior a tres millones de euros, cuyo número se aproxima a los 14.000. 

Renta media muy elevada

Las últimas estadísticas sobre el impuesto de Patrimonio que ha hecho públicas la Agencia Tributaria, correspondientes a 2020, revelan que algo más de 19.500 contribuyentes están obligados a pagarlo en la Comunidad de Madrid, una cifra muy inferior a los más de 82.450 que presenta Cataluña.

Pero la diferencia más notable se da en el patrimonio medio declarado, que en el caso de la Comunidad de Madrid es de 10,3 millones de euros, cerca de cuatro veces más que el de Cataluña. Es decir, que la cifra media que presentan los grandes contribuyentes a título individual de la región central está por encima de la cantidad a partir de la cual el Gobierno impondrá el tipo máximo del 3,5% para el nuevo impuesto.

Tensión por la fiscalidad

Esta medida llega precisamente en pleno debate por la fiscalidad en el ámbito autonómico, que revivió la Junta de Andalucía tras anunciar que imitaría a Madrid y bonificaría en su totalidad el impuesto de Patrimonio. El Gobierno de otra comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, la Xunta de Galicia, adelantó poco después que lo haría al 50%. 

Sin embargo, el choque de estrategias fiscales adquirió temperatura cuando algunas de las autonomías en las que gobiernan el PSOE o partidos regionalistas anunciaron que aplicarían medidas como mitigar el efecto de la inflación al deflactar el tramo autonómico del IRPF, lo que ha hecho que Moncloa mueva ficha con celeridad. 

Críticas de las patronales

El paquete fiscal del Gobierno ataca directamente uno de los atractivos fiscales de la Comunidad de Madrid, considerado como factor clave en el crecimiento económico de la región en los últimos años, que le ha llevado incluso a ser la primera potencia del país en términos de PIB. 

El Gobierno regional ha dejado clara su intención de estudiar a fondo la posibilidad de recurrir este nuevo impuesto ante el Tribunal Constitucional ante lo que ha calificado como “hachazo fiscal”. También se ha pronunciado en contra el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que lo considera “electoralista”, y la patronal catalana Foment del Treball que hablado incluso de “inmoralidad”.