Bruselas valida el rescate de Celsa, pendiente del acuerdo con los acreedores

El proceso de rescate a la siderúrgica Celsa cuenta ya con los parabienes de todas las Administraciones. Incluso el de la Comisión Europea, que debía de pronunciarse al respecto habida cuenta del volumen de la operación, valorada en 550 millones de euros. 

El plácet del Ejecutivo comunitario ha llegado en tiempo récord, justo para que el Consejo de Ministros haya podido dar luz verde a la concesión por parte del fondo de ayuda a empresas estratégicas articulado por la SEPI de sendos préstamos a la compañía. Lo hace apenas tres días antes de que venza el plazo límite, fijado en su día por las autoridades europeas.

'In extremis'

De forma previa, el pasado 17 de junio, el consejo de este Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) había aprobado con carácter preventivo la concesión de los préstamos. Lo hizo, precisamente, con el objetivo de acelerar los trámites, dado que la reunión del Consejo de Ministros de esta semana era la última oportunidad para obtener la luz verde del Gobierno, imprescindible para hacer efectiva la ayuda.

A la vista de la celeridad con la que se han obtenido las preceptivas autorizaciones, la maniobra ha resultado todo un éxito, algo que no todas las empresas solicitantes pueden decir. Entre ellas, Abengoa, cuyo proceloso trámite de rescate se ha quedado anclado en los numerosos trámites a cumplimentar, algo que complica de forma notable su futuro.

Intensa negociación 

El de Celsa está más despejado que hace diez días, cuando se temía por que la aprobación del Consejo de Ministros llegara a tiempo. Sin embargo, todos estos trámites corren peligro de caer en saco roto si la compañía no resuelve el que, hasta la fecha, ha sido el punto más espinoso del proceso: el acuerdo con los principales tenedores de la deuda para articular el rescate.

El pacto se negocia a marchas forzadas desde que hace algo más de un mes la SEPI autorizase de forma provisional la ayuda, una vez examinado y concluido que el caso de Celsa entraba en los parámetros y criterios del Fasee. 
 

En aquel momento, el organismo público aprobó una hoja de ruta que debía seguir la compañía para poder acceder a los préstamos, uno participativo (por valor de 280,5 millones de euros) y otro ordinario (269,5 millones). Para ello, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda consideró preceptivo contar con el acuerdo de los acreedores.

El plan contemplaba una quita de prácticamente el 50% del total de la deuda, unos 1.200 millones de euros. De ahí que fuera conveniente el acuerdo con vistas también a definir el modelo a seguir para hacer efectiva la devolución de la ayuda sin que la actividad y el empleo de Celsa se vieran afectados.

El vehículo de la discordia 

Mientras que las entidades financieras que tienen una parte minoritaria de la deuda accedieron al plan, el grueso de los tenedores, que aglutina aproximadamente el 90% del volumen, se opuso y ha realizado desde entonces una serie de propuestas en las que ha introducido y eliminado determinados elementos, pero siempre ha incluido la creación de un vehículo registrado en Luxemburgo para articular el repago de la deuda.

Un elemento rechazado de plano por la familia Rubiralta, propietarios de Celsa, que han acusado a los acreedores de anteponer los intereses financieros a los de la continuidad de la compañía. La mayoría de tenedors del pasivo son fondos que adquirieron en su día la deuda a entidades financieras con un notable descuento,  

Francesc Rubiralta Rubió, presidente del grupo Celsa / CG

Mientras, los acreedores consideran injusto que mientras que ellos renuncian a más de la mitad de la deuda, los propietarios de Celsa se beneficien por completo del exceso de valor derivado de la actividad de la compañía, una vez que se haya cumplido con el compromiso con la SEPI. 

En este sentido, los Rubiralta están dispuestos a aportar 50 millones a través de una ampliación de capital e incluso también han ofrecido un montante de 400 millones de euros, producto de ese exceso de valor, para los tenedores de deuda. En contrapartida, les exigen que renuncien, como pretenden, a tomar una parte del capital del grupo.

Cuanto antes

Pese a la preceptiva aprobación de la ayuda por parte de las Administraciones, no hay constancia aún de un acuerdo entre las partes. Éste no debería demorarse demasiado, toda vez que los relojes han vuelto a ponerse en marcha.

Ahora ya no preocupa el plazo para la aprobación de la ayuda, que es un hito conseguido; pero sí el hecho de que la negociación siga bloqueada, toda vez que el mecanismo de ayuda corre el peligro de decaer si no se pone en marcha en un tiempo prudente.

Las urgencias no han desaparecido en este caso. Ambas partes son conscientes de que cada día que transcurre sin acuerdo, el proceso se complica un poco más. El objetivo de alcanzar un pacto “cuanto antes” sigue en todo lo alto para asegurar el futuro de Celsa.