Los agentes sociales 'pasan' de Torrent y fían la reindustrialización a un acuerdo estatal

El Pacto Nacional por la Industria (PNI) encara su recta final. Según fuentes sindicales, la Consejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat presentará a los agentes sociales en un plazo máximo de diez días el documento definitivo para marcar la política industrial autonómica hasta 2025. Un plan que llega con seis meses de retraso y que aún no cuenta con el plácet de las organizaciones de trabajadores, según ha podido confirmar Crónica Global.

No solo por la falta de ambición del texto pilotado por Empresa, sino por la propuesta de un pacto de Estado por la industria emanada de las centrales confederales de UGT y CCOO. Propuesta que ha obligado a reorientar las prioridades de las federaciones catalanas de ambos sindicatos, que se plantean incluso dejar colgado a Roger Torrent para depositar sus esperanzas en un ámbito de concertación de alcance nacional.

¿Plantón al Govern?

Todas las opciones están abiertas, manifiestan distintos portavoces sondeados por este medio. "Una de ellas podría ser no firmar el pacto si no contiene medidas que nos parezcan importantes. En ese caso el plan pasaría a ser la estrategia industrial solo del Govern", expresa un alto dirigente de UGT. Un portavoz del sector del metal de CCOO se siente "decepcionado" por la marcha de las conversaciones a escala autonómica y confía en poder encauzar sus demandas a nivel nacional.

La demora del texto negociado entre Empresa, sindicatos, patronales y otros actores de la sociedad civil se explica precisamente por las reticencias de los agentes sociales a abonar un acuerdo que reproduzca los errores del anterior PNI. En este sentido, tanto UGT como CCOO dieron un toque de atención al Ejecutivo autonómico cuando denunciaron en marzo la falta de un "proyecto de transformación de país" en la batería de medidas definidas por el equipo de Torrent.

El secretario general de los sindicatos UGT en Cataluña, Camil Ros, y el de CCOO, Javier Pacheco / EUROPA PRESS

Falta de ambición

Tres meses más tarde, nada ha cambiado. Como señala un interlocutor de CCOO no se ha incrementado suficientemente la dotación del pacto --sobre la mesa hay 2.800 millones de euros entre gasto corriente, inversión extraordinaria y fondos europeos para los próximos cuatro años-- ni se ha aceptado extenderlo hasta 2030 para que no se limitase a un solo mandato.

Pero lo más importante para los agentes sociales es que no se ha concretado en los borradores una visión transformadora de la economía. Apuestas como el esfuerzo en energías renovables, la digitalización del sector agroalimentario y la búsqueda de proyectos tractores en automoción, que los sindicatos enumeraron con esmero el pasado marzo, no han encontrado un acomodo concreto en el texto.

No repetir los errores

Por no hablar de algunos flecos más técnicos como la creación de partidas plurianuales o cláusulas de garantía social para determinadas inversiones, que las fuentes consultadas sí confían en poder incluir en el paquete de medidas. Pero sigue faltando un "horizonte realmente transformador", como señala otro interlocutor, que no convierta el nuevo PNI en un remozo del anterior.

CCOO llegó a tildar de "papel mojado" el acuerdo para regir la política industrial entre 2017 y 2020. Las críticas se centraron en la escasa audacia de las medidas contenidas en el paquete, que no fueron más allá de un reordenamiento de las políticas públicas que de ordinario practica la Generalitat en el sector en materia de ocupación y competitividad.

El sector de la industria, uno de los principales receptores de la inversión extranjera / EP

La llave del dinero

En este contexto, la búsqueda de un pacto por elevación parece sugerente a muchos cuadros sindicales. El próximo 21 de junio se celebrará en Madrid una convocatoria bajo el lema Pacto de Estado por la Industria ¡Ya!. Construir futuro, hacer país para reclamar "medidas urgentes" con que reactivar y transformar la actividad industrial.

Un pacto de Estado tendría un aliciente claro en comparación con uno autonómico: la posibilidad de vincular fácilmente las propuestas sindicales de modernización industrial con los fondos Next Generation. Las fuentes consultadas consideran que la financiación de las medidas sería más accesible puesto que la llave de la caja la tendría la Administración firmante del acuerdo.

Torrent tiene prisa

Pero esta observación tiene su contrapeso: el maná europeo destinado a la mejora de la capacidad productiva debería repartirse solidariamente entre las distintas comunidades. Está por ver qué cuota correspondería a Cataluña en función de su peso económico pero también de su posición de salida más ventajosa respecto a otros territorios, indica un interlocutor.

Sea como sea, Empresa reescribe contrarreloj la enésima versión del PNI para someterla a la consideración de los agentes sociales. En el ánimo de Torrent, tal y como informó Crónica Global, está dejar un buen expediente al frente de la consejería si es inhabilitado por desobediencia en el juicio que debe celebrarse a mediados de julio. Pero para ello debe contar con el apoyo de los agentes sociales. Y todavía no lo tiene.