El juez de la Audiencia Nacional García Castellón asume el ‘caso Q Renta’

Esta sería la cantidad que la empresa liderada por Jordi Martí Taulé y David Albacete Sánchez habrían invertido y perdido de forma fraudulenta de su cartera de clientes. Todos tienen un perfil similar, pequeños ahorradores que buscaban maximizar los beneficios de lo que habían conseguido guardar a lo largo de los años. Acusan a la empresa de haber vulnerado el perfil inversor que habían pactado para poder acometer una especie de estafa piramidal con la que mantenían vivas un reguero de startups a las que habían ayudado a dar el salto al MAB, el mercado bursátil secundario.

Empresas en quiebra técnica

Martí, Albacete y otros trabajadores de QRenta como Juan Alberto Vidal Hausmann, Enric Arcos Fernández, Jaume Miquel Martí, Joaquín Valenzuela Pulido, Guillem Junyent Argimón, Soraya Padillo Ramiro y Javier Condomines Concellón se habían reservado sillones en los consejos de administración de estas compañías. De esta forma, jugaban un doble papel en intentarlas mantener a flote cuando su actividad ya había colapsado. Es decir, estaban en una situación de quiebra técnica que habrían evitado, según se denuncia, mediante la inyección de fondos que habían obtenido de los clientes de QRenta de forma, presuntamente, fraudulenta.

Entre este grupo de empresas aparecen Inkemia, Eurona, Wireless Telecom, Home Meal Replacement (el hólding de la empresa de comida preparada Nostrum, creada por Quirze Salomó, hoy asesor del Govern) y varias sicav como K2 2006, Sigma Activa y Annapurna. Todas ellas, vinculadas a QRenta o a la mercantil Partisu XXI Group, presidida por Jordi Martí. También aparece implicada en la causa Helena López Collado, próxima al gestor de fondos. Todos ellos estaban llamados a declarar ante los tribunales de Barcelona, aunque finalmente deberán trasladarse a Madrid. 

Manipulación del mercado

El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona asumió en un primer momento la causa y encargó un informe al perito Israel Barroso sobre la actividad que se apuntaba en la querella a QRenta. En el documento, avanzado por Crónica Global, se señalan indicios de una “manipulación operativa de mercado con las acciones de las sociedades cotizadas en el MAB”, hecho que justificaba la inhibición de esta sala y trasladar la causa a la Audiencia Nacional. Además, cabe tener en cuenta que hay un centenar de afectados que residen en varias autonomías.

El tribunal de primera instancia se inhibió en enero de 2021. Un año después, la sala sexta de los juzgados centrales de instrucción pone la lupa sobre la gestión de QRenta.

Incumplimientos con los clientes

El informe pericial también encontró “evidencias” claras de que se habían producido “diversos incumplimientos de la obligación de información a los clientes, ausencia de comunicación de riesgos relevantes” en sus operaciones. Asimismo, decreta que se “habría producido una manipulación de su perfil inversor” con el objetivo de “desviarlas a inversiones más lucrativas para QRenta, lo que supone un conflicto de intereses en la selección de las inversiones de los clientes”.

Mirar por los intereses de la agencia de valores en lugar de cumplir con los requisitos que habían fijado los clientes para gestionar sus ahorros llega al extremo de que, entre los querellantes, se incluye la familia de una anciana con una enfermedad degenerativa a la que se le habría falsificado la firma para realizar operaciones. Es una de las casuísticas que forman parte de la causa.

Causa penal, social y mercantil

La querella que ha acabado en la Audiencia Nacional la interpuso el despacho CHR Legal, hoy Andersen Barcelona, una causa defendida por la socia María Jesús Hernández Elvira. La mala praxis que salió a la luz propició un corolario de denuncias que se unieron a posterioridad a esta causa, el grueso de las cuales las lleva el bufete Iuris Factor.

De forma paralela a ello, la cúpula de QRenta debe responder a las demandas de los clientes que intentan recuperar sus inversiones por la vía de lo Social. Además, la agencia de valores acaba de ser condenada en los tribunales mercantiles de Barcelona.