La crisis del Covid empuja a las cementeras catalanas al borde de la deslocalización

La crisis del Covid-19 ha dado la puntilla a las cementeras catalanas. A la caída sostenida de la producción y el consumo registrada tras el boom inmobiliario, se suma ahora el frenazo de la obra pública y el conflicto por los derechos de emisión de CO2. Los números hablan por sí mismos. Si en 2008 se fabricaron 7,1 millones de toneladas en Cataluña, el ejercicio anterior se cerró con 3,1 millones, como se puede apreciar en la tabla inferior.

El consumo siguió una estela parecida. Durante el mismo periodo, pasó de 6,7 millones de toneladas a dos millones. Una drástica reducción de la demanda que, según fuentes del sector, retrotrae los datos hasta la década de 1960 y, como consecuencia, aleja la ratio de consumo por habitante de la media de otros países de la OCDE.

Fábricas a medio gas

Los sucesivos estados de alarma han paralizado la contratación de obra pública y ralentizado la ejecución de los proyectos en marcha. Este parón ha hecho mella en la leve recuperación que el segmento experimentaba desde 2014. En los últimos años, las exportaciones han constituido una fuente importante de ingresos de las cementeras pese al deterioro del marco internacional por el Covid. Actualmente, solo una de cada dos toneladas de cementos producidas en Cataluña se venden en el mercado doméstico, mientras que la otra mitad sale hacia otros países.

No es de extrañar que la actividad industrial esté bajo mínimos en la región: actualmente sólo se utiliza poco más del 50% de la capacidad productiva. De las seis plantas instaladas en la comunidad --Alcanar (Cemex), Montcada i Reixac (Lafarge), Santa Margarida i els Monjos y Vallcarca (Cementos Portland), Sant Feliu de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts (Cementos Molins)--, tan solo cinco siguen activas y una de ellas solo opera durante unas semanas al año.

Internacionalización

A falta de grandes proyectos constructivos en España, las compañías han mirado al extranjero para ser rentables. Lo afirma Alejandro Josa, secretario de Ciment Català: "Históricamente, el sector del cemento ha sido muy resiliente a las crisis gracias a la exportación". Así se puede observar en la tabla, donde tras la crisis del ladrillo empieza a despegar la cifra de exportaciones.

Pero aunque las ventas internacionales han obrado como una válvula de escape para las empresas, la política de precios del CO2 pone en riesgo esta dinámica. El portavoz de la patronal afirma que si los costes se achacan solamente a los países del Viejo Continente, mientras que las importaciones quedan exentas de contribuir por sus emisiones contaminantes, dejará de ser rentable la fabricación en origen.

Doble juego con el CO2

Josa se refiere a la discusión actual acerca del CBAM --siglas en inglés de Carbon Border Adjustment Mechanism--, un instrumento comunitario que aún sigue en discusión y que ayudaría a equiparar las condiciones de todos los operadores. En este contexto, Ciment Català recuerda que la emisión de derechos gratuitos para el sector en 2021 por parte de la Unión Europea se ha reducido un 28% y que, a la vez, el precio de los derechos supera los 40 euros por tonelada.

Se trata de una tormenta perfecta para las empresas locales de la que se libran competidores extranjeros como Turquía y China. Las fábricas vaticinan que los cierres definitivos podrían llegar antes de lo esperado. Otra opción que baraja la industria es deslocalizar parte de la producción a otros mercados si persisten estos elementos adversos. "¿Hay riesgo de deslocalización? Es un futurible que puede producirse si las condiciones no son las mismas entre productores y se genera una competencia desleal", declara Josa.

Trabajadores de la actividad del cemento / OFICEMEN

Faltan proyectos

El problema, como incide el secretario, no se halla en una sobredimensión del sector. Se trata justamente de lo contrario: "No consumimos realmente el cemento que nos tocaría. En 2019, Alemania tenía un consumo por cápita del orden de 350 kilos por habitante al año. En Italia y Francia, la cifra se aproxima a los 300. En Cataluña está en 260, por debajo de la media española de 280 kilos anuales"

"Los países de nuestro entorno consumen más y, a cambio, tienen mejoras infraestructuras en ámbitos como la movilidad, la vivienda y el abastecimiento y depuración de aguas. Si no se invierte se pone en riesgo la competitividad y poco a poco se entra en un círculo vicioso que, en última instancia, puede llevar a creer erróneamente que el sector está sobredimensionado", reflexiona. La patronal espera que los fondos Next Generation, en los que no participaron con ningún proyecto individual, ayuden a recauchutar la economía.

Reactivar la inversión

Las empresas no ocultan que la situación es grave. Por eso demandan una reactivación de la inversión pública para evitar que languidezca una industria que emplea de forma directa e indirecta a 3.000 trabajadores en la comunidad y factura 214 millones de euros al año. Industria, por cierto, que ha presentado un ambicioso plan de descabornización. En números redondos, se pretende pasar de los 815 kilos de CO2 por tonelada de cemento a las emisiones cero en 2050, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del insumo.

¿Cómo? Fundamentalmente mediante la revisión a fondos de los procesos de fabricación del clínquer, principal emisor de CO2 en la cadena de valor de las cementeras. El plan también incorpora actuaciones en otros cuatro ámbitos: fabricación de cemento, fabricación de hormigón, construcción y descarbonatación. Pero para que el sector pueda cumplir sus deberes, la demanda es clara: hay que volver a levantar las grúas.