El potente lobi eléctrico fuerza al Gobierno a moderar su hachazo al sector

Nada ha cambiado por el momento, pero la reunión que mantuvo el pasado jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los responsables de los principales jugadores del tablero energético español supuso un antes y un después que se reflejó, a muy corto plazo, en un indicador tan frecuentemente fiable como es la bolsa.

Repunte bursátil

Más de 5.200 millones de euros han apostado los inversores por compañías como Iberdrola, Endesa y Acciona en las últimas dos sesiones (al margen queda Naturgy, condicionada por la opa de IFM), precisamente desde el día en que se produjo el encuentro.

A la reunión, Ribera ya acudía con la cabeza gacha, dispuesta a escuchar, cuando antes de diseñar las medidas contra el desbordado avance de los precios de la electricidad ni siquiera había elevado consultas.

Trabajo continuado

La diferencia entre ambos escenarios, separados por apenas tres semanas, cabe encontrarla allende las fronteras españolas. Por una parte en Bruselas, desde donde se ha advertido al Gobierno de que algunos de los cambios introducidos en el sector son contrarios a los principios de transparencia y seguridad jurídica que defiende la Unión Europea y, por lo tanto, podrían ser recurridos por la industria.

En realidad, las compañías ya están “haciendo los deberes” desde que el Gobierno puso en marcha la tramitación del cambio normativo que pretende acabar con las retribuciones que perciben las empresas por la generación de electricidad con determinadas tecnologías (especialmente, la nuclear y la hidroeléctrica), comúnmente conocidos como “beneficios caídos del cielo”.

Revisar la idea

El hecho de que este cambio haya seguido la vía parlamentaria da una cierta tranquilidad a las empresas, conscientes de que la tramitación es larga y cabe intervenir en ella, en los correspondientes periodos de consultas. De hecho, así lo han manifestado incluso públicamente algunos de los principales ejecutivos del sector.

El caso de la minirreforma ha sido diferente, toda vez que la herramienta empleada ha sido el decreto, sin ninguna consulta previa. Para las empresas, todo ha consistido en dar una vuelta de tuerca a la labor que ya estaban llevando a cabo en el entorno comunitario; un trabajo que, sin duda, ha tenido su peso en los encuentros que han mantenido los Estados miembros en las últimas horas para tratar el problema de la subida sin control de los precios eléctricos, que también afecta a un buen número de países del entorno.

Mejor de la mano

En la reunión con Ribera, las eléctricas le han hecho saber que la solución no pasa por tenerles enfrente, como enemigos, sino en buscar posibles soluciones de la mano.

Hace aproximadamente 10 días, el mercado asistió a un hecho inédito hasta la fecha: la parada de instalaciones como los parques eólicos durante unas horas, con su correspondiente salida del pool, para evitar la producción a pérdidas. Como han recordado con frecuencia las empresas, el Gobierno no puede forzarles a operar sin que puedan cubrir los costes y, en caso contrario, deberá articular algún mecanismo de compensación, precisamente aquellos que la batería de medidas aprobadas en el ya célebre Consejo de Ministros del 14 de septiembre se llevó por delante.

La ofensiva de los inversores

Otra buena parte del trabajo la han hecho los grandes inversores institucionales que tienen destacadas posiciones en el sector energético español, que no han tardado en empezar a movilizar a los mejores despachos de abogados del mundo para una eventual batalla jurídica en la que la Moncloa tendría mucho que perder.

Los días posteriores a la aprobación de las medidas que suponían un agujero de 2.600 millones de euros en el sector se sucedieron las llamadas y reuniones con los departamentos de relaciones con inversores de las empresas, en busca de explicaciones a lo sucedido.

El precedente de la CNMC

No es, ni mucho menos, la primera vez que grandes fondos de inversión internacionales se movilizan para revertir un escenario normativo negativo para sus intereses. Hace algo más de dos años se vieron obligados a desplegar gran parte de su artillería cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó su propuesta para los siguientes periodos regulatorios, que incluían recortes en las retribuciones del transporte y la distribución de gas y electricidad que llegaban hasta el 28%.

La fuerte presión que ejercieron por entonces, que incluso se manifestó en una reunión que mantuvieron en Nueva York con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, dio sus frutos, hasta el punto de que el propio Gobierno sentó a la mesa al regulador para suavizar los recortes, ante las veladas amenazas de duros recortes de inversiones que llegaban del exterior.

Difícil equilibrio

A la espera de lo que suceda en los próximos días, todo parece indicar que la historia se repite. Una circunstancia que puede situar al Gobierno en una difícil posición dado que Unidas Podemos, el socio del PSOE en la coalición, no es partidario de modificar las medidas.

En manos de la Moncloa queda si satisfacer los deseos del sector energético o no tener problemas con sus aliados; por el momento, el mercado parece decantarse claramente por la primera opción.