Las eléctricas avisan al Gobierno: “No produciremos a pérdidas”

Las decisiones adoptadas en la última reunión del Consejo de Ministros han trascendido las fronteras, como era de esperar. La mayoría de los accionistas de las grandes del sector son inversores internacionales, que han contemplado con cierto estupor cómo un volumen de ingresos estimado en 2.600 millones de euros se va a esfumar de la noche a la mañana.

Compromiso con los accionistas

Los últimos han sido días de tensión en los respectivos departamentos de relaciones con inversores: llamadas, reuniones y muchas, muchas explicaciones, ante la insistencia de unos socios cuya presión va a ser trasladada por las empresas al Gobierno en los próximos días, aunque las primeras advertencias ya han llegado hasta el Ministerio de Transición Ecológica.

“El cambio de las condiciones nos lleva a producir a pérdidas. Y eso no podemos hacerlo porque incumpliríamos el compromiso que tenemos con nuestros accionistas”, apuntan desde una de las empresas más afectadas por la revolución que Moncloa ha provocado en el sector energético, con una pequeña reforma de carácter, en principio, temporal.

Penalizados por la fiscalidad

Al margen de modificaciones de tipo fiscal, el problema para las grandes del sector es la retirada de las retribuciones para compensar la subida de los precios del gas natural, empleado en la generación eléctrica a través de tecnologías como los ciclos combinados. Pero además, el Gobierno ya tramita desde hace meses una nueva ley para acabar también con las retribuciones derivadas de los derechos de emisión de CO2  y otras que afectan a instalaciones como las nucleares y las hidroeléctricas. Son los ya célebres “beneficios caídos del cielo”.

Desde el sector sostienen que el nuevo escenario, unido a la fuerte carga fiscal que ya soportan, especialmente en el caso de la energía nuclear, hace inviable el funcionamiento de estas plantas porque no pueden hacerlo en condiciones de rentabilidad.

Los rifirrafes con Álvaro Nadal

La situación ya viene heredada del pasado. Las eléctricas mantuvieron un duro enfrentamiento con el último Gobierno liderado por el Partido Popular, especialmente con el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal. De aquella época proviene la decisión del cierre de la central de Garoña, copropiedad de Endesa e Iberdrola, que reiteraron en vano al Ejecutivo de entonces que todas sus instalaciones de este tipo estaban en pérdidas debido a una agresiva fiscalidad que, de entrada, se llevaba en torno a un 45% de los ingresos.

La respuesta por entonces del ministro Nadal fue poner en duda las cuentas de las eléctricas en lo referido al negocio nuclear y un explícito “aquí se viene ya llorado”.

El órdago de la patronal nuclear

Tras conocer el contenido del plan de choque del actual Gobierno contra la inédita inflación eléctrica, Foro Nuclear, la patronal que agrupa, entre otros socios, a las propietarias de las centrales nucleares, emitió un comunicado en el que planteaba un cese de actividad si las condiciones abocaban a las plantas a ser permanentemente deficitarias.

Pero incluso días antes, cuando tan sólo habían trascendido algunos rumores sobre las medidas, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, manifestó que las nucleares acumulaban cuatro ejercicios consecutivos con resultados negativos y que aquella situación era insostenible.

Encontrar una solución

Durante su intervención en un foro del sector organizado por el diario El Economista, la ejecutiva no quiso hablar de una medida tajante como abandonar la producción, pero sí insistió en la imperiosa necesidad de encontrar una solución. Algo que ahora se antoja aún más urgente.

Ante el comunicado de Foro Nuclear, recibido en el Gobierno como una amenaza, el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha recordado que las propietarias no pueden detener la producción de una planta nuclear sin contar con las preceptivas autorizaciones, algunas de las cuales están en manos precisamente del Ministerio de Transición Ecológica.

Cierre programado

Cabe recordar que la energía nuclear tiene una fecha de caducidad marcada en España: el año 2035, cuando dejará de funcionar el último de los siete reactores que actualmente operan. El acuerdo alcanzado hace tres años entre el Gobierno y el sector contempla una serie de compromisos para mantener la actividad e iniciar un progresivo cierre a partir de 2028.

“Aceptamos en su día la decisión de cerrar las nucleares en las fechas marcadas en el acuerdo, es un compromiso, pero también lo es ser rentables”, explicó Santamaría en el citado encuentro.

Sin consultar

Para los próximos días está prevista la celebración de reuniones entre Ribera y las compañías para hablar de los cambios. Desde las empresas se considera que estas conversaciones debieron mantenerse antes de tomar las decisiones.

“Como es habitual, no se nos ha escuchado, el Ministerio se limitó a comunicarnos las medidas unas horas antes de ser aprobadas, sin ningún margen de negociación”, lamentan desde el sector.

¿Medidas temporales?

Desde el Gobierno pretenden trasladar calma a las empresas por el carácter temporal de las medidas, aunque el desconcierto y el malestar se extiende en el sector. Y, sobre todo, entre sus socios, que instan a recurrir a los tribunales en defensa de sus intereses, algo que los departamentos jurídicos de las empresas analizan en estos días.

Por ahora, parece totalmente descartable una decisión unilateral que afecte al funcionamiento de las plantas, lo que podría acarrear una fuerte sanción administrativa. Pero las próximas semanas van a ser intensas en cuanto a contactos entre el Gobierno y el sector, con un resultado más que incierto.