El Govern de Aragonès sigue a Madrid con la emisión de bonos ‘verdes’

La idea, según la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, es iniciar “lo antes posible” esa emisión de bonos, que ofrecería una clara imagen de que la Generalitat ha vuelto. La medida se enmarca en el objetivo de asegurar la sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas catalanas, muy tocadas en el último decenio, y totalmente dependientes del Gobierno central.

La estabilidad política tiene premio

El empuje ha llegado después de que en el último mes las agencias de rating variaran la consideración sobre la administración catalana. Fue Fitch, a mediados de julio, la que ofreció un oxígeno vital. La agencia de calificación crediticia mejoró en dos peldaños la deuda del gobierno catalán, que pasó de BB a BBB-, con perspectiva estable. Eso significaba que el pasivo catalán salía del grado especulativo, que se conoce como bono basura. Una década después, por tanto, la Generalitat se situaba en un grado de inversión, con la posibilidad de acudir a los mercados. Fitch valoraba en su nota para justificar ese cambio la nueva relación política entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno de España. La estabilidad política e institucional tiene “prima” en los mercados, como admiten fuentes financieras.

Jaume Giró, consejero catalán de Economía y Finanzas, en el Parlamento catalán / EP

Y ese dinero existe. Hay oportunidades interesantes en el campo de las infraestructuras verdes. Los recursos están, y todo se ha movilizado con los planes de la Comisión Europea, dentro del fondo de reconstrucción. La voluntad es seguir los pasos de Madrid, que ya realizó una emisión de bonos verdes en abril de 2020. El Govern de la Generalitat, sin embargo, ha necesitado más tiempo, al margen de todos los problemas que ha implicado la pandemia del Covid.

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, captó 700 millones de euros en un bono a siete años, que devengaba con un cupón anual del 0,827%. La demanda fue mayor de lo esperada. Se partía de 500 millones y se obtuvieron esos 700 millones.

Casi 80.000 millones de deuda

Es el Gobierno central el que, finalmente, autoriza las emisiones de deuda a más de un año que quiera realizar cualquier gobierno autonómico, esté o no dentro del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Los denominados bonos verdes son un tipo de deuda que pueden emitir instituciones públicas y privadas y, a diferencia de otros instrumentos, son fondos que se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables. El Govern, sin embargo, no tiene todavía previsto una cantidad concreta para este papel. Dependerá de la prospectiva que realice en las próximas semanas y de la posible demanda que encuentre en los mercados.

La fórmula la ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid, pero también empresas privadas, como la energética Iberdrola, la constructora ACS o el gestor de infraestructuras Adif.

La Generalitat necesita acudir a esos mercados para romper con una imagen ligada por completo al Gobierno central. De los casi 80.000 millones de euros de deuda, con datos de septiembre de 2020, 62.376 millones estaban en manos de los diferentes mecanismos de liquidez que ha habilitado Moncloa central en los últimos años.

El control durante diez años

La voluntad de financiar proyectos de movilidad se une al objetivo político de lograr la gestión de las principales infraestructuras, las viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, como señaló la portavoz Patrícia Plaja. Pero eso dependerá de una negociación con el Gobierno central, que no tiene intención de variar su modelo de gestión.

Los mercados dieron la espalda a la Generalitat en 2010, coincidiendo con el rescate de Grecia. No había dinero disponible. Los inversores cerraron sus puertas a los países del sur de Europa. En 2012, los gobiernos autonómicos se pudieron acoger al FLA, con tipos de interés muy inferiores a los del mercado, que, sencillamente, ya no existía para la Generalitat. El Gobierno del PP, a partir de 2015, y en pleno proceso independentista, incrementó el control sobre las finanzas catalanas. Justo antes del referéndum de octubre de 2017, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, inyectó más presión y cualquier pago de la Generalitat debía ir acompañado de una autorización del ministerio. El control desapareció, sin embargo, tras el final de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a principios de 2018, y la Generalitat abandonó el FLA en 2019, tras cumplir el objetivo de déficit que había marcado el Gobierno central.