Los tres golpes de la nueva ley concursal a las pymes

La eliminación del perdón judicial de las deudas públicas concentra el malestar del empresariado. El vicepresidente de la Fundación Pimec, José María Torres, sostiene que esta modificación “socava el sistema de la segunda oportunidad”. Pese a que los tribunales habían avalado hasta ahora este criterio, la norma establece que los créditos ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social dejarán de ser exonerables en la liquidación de bienes.

Contra la segunda oportunidad

Una medida que no forma parte de la directiva europea sobre reestructuración e insolvencia transpuesta por la ley española. “En el reglamento de la Unión Europea no se incluye esta cuestión. Además, los países más avanzados de nuestro entorno sí perdonan estas deudas”, explica Torres. La mayoría de jueces y audiencias habían entendido que el mantenimiento de estas obligaciones con los acreedores públicos lastraba las sociedades que habían obtenido el llamado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

Este mecanismo garantizaba una segunda vida para las compañías que habían suscrito un acuerdo extrajudicial de pagos. Pero el anteproyecto del Ejecutivo suprime oficialmente esta vía. El blindaje de los créditos públicos carga otra piedra en el zapato de las privadas, ya que en muchos casos estas deudas ascienden al 20% del pasivo de una pyme. Además, el texto también dificulta el acceso a la segunda oportunidad para los empresarios cuyo concurso se haya declarado culposo, aunque haya sido por un incumplimiento de los plazos legales.

Catalunya reabrirá los restaurantes para cenar a partir del 9 de mayo / PABLO MIRANZO (CG)

Novedades para microempresas

El procedimiento diseñado específicamente para las microempresas también genera dudas. El texto legal dispone este instrumento para las mercantiles con menos de 10 trabajadores y para aquéllas con una facturación inferior a los cinco millones de euros. Según las fuentes consultadas, esta posibilidad se convertirá en la salida de facto para el 90% de empresas con problemas de tesorería.

Como indica el aboga experto en derecho concursal y director de la firma Ruibal&Asociados, Fernando Pérez Ruibal, hay dos visiones sobre esta cuestión: "La mayoría de los especialistas consideran que excluir el 90% de los concursos del procedimiento general concursal va a ser profundamente negativo. Un sector doctrinal minoritario aboga por el posible beneficio de la agilidad siempre que se complemente el procedimiento con previsiones legales y presupuestarias realistas, condicionante en el que no se confía. Personalmente, interpreto que es una solución rápida de eludir las responsabilidades en el 90% de los casos de insolvencia por parte del Estado echando la pelota a los empresarios y consumidores en base al principio sálvese quien pueda".

Alternativa digital

Las críticas sobre esta alternativa también se centran en los interrogantes sobre el portal electrónico donde las pymes deberán cumplimentar por sí mismas el proceso. A través de una plataforma digital, los deudores podrán realizar en principio una liquidación simplificada si no han logrado sellar una negociación con los acreedores. Pero la falta de pormenores sobre este mecanismo preocupa a las pequeñas y medianas empresas en previsión de un periodo de boom concursal.

Por otro lado, esta opción se enmarca en la incorporación de figuras que agilicen los expedientes y eviten llegar a concurso. De ahí que se sustituyan los preconcursos por los denominados planes de reestructuración, que podrán activarse en una fase más temprana en función de un riesgo actual o inminente de insolvencia. "Se pasa del término de refinanciación al término de reestructuración mediante el sistema de alerta temprana. En principio, considero que el cambio de filosofía es más realista con arreglo a la realidad empresarial, pero dependerá de las normas complementarias que tengan que cerrar el círculo de este sistema, como por ejemplo, la configuración y competencia del sistema de alerta temprana que parece ser que se atribuirá a las autoridades tributarias", expone Ruibal.

La Ciudad de la Justicia de Barcelona / EFE

¿Saturación en los juzgados?

Otro frente abierto que podría agravar la situación de las pymes es la difuminación del rol de los administradores concursales. En este caso, son los propios peritos quienes han elevado su voz. El presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), Diego Comendador, señala que la voluntariedad de contratación del abogado y/o procurador dejará en manos del secretario judicial todo el papeleo.

"Hasta ahora se requería firmar la demanda por un procurador. Con este anteproyecto, será el deudor quien deba hacer por sí mismo los trámites y esto resta seguridad jurídica. Es como si metiéramos el zorro a controlar las gallinas", sentencia. De nuevo, esta medida va en línea de la agilización buscada por el Gobierno, pero ASPAC alerta de un posible "colapso judicial" en los tribunales. Un escenario que puede enrarecer todavía más la situación para las pequeñas y medianas empresas.

Una moratoria ineficaz

El borrador del Gobierno llega en pleno repunte de la concursalidad en España. Según los datos recopilados por Iberinform, la economía española registró un incremento del 85% de los fallidos hasta agosto de 2021 pese a la moratoria para la declaración de suspensión de pagos vigente hasta el 31 de diciembre. Cataluña se situó en cabeza del ranking autonómico con el 27% de quiebras. "Una de cada cuatro empresas está en riesgo de concurso o cierre", añade Torres.

Además, la nueva ley entrará en Cortes tras un año en vigor de otro texto refundido que ha regido la administración concursal durante la pandemia. Este parche de 752 artículos ya fue criticado por los operadores jurídicos por su falta de ambición. La nueva legislación tiene el objetivo de consolidar una norma coherente tras la treintena de reformas parciales que acumula esta regulación en España.