Los empresarios fuerzan al Gobierno para garantizar una vuelta al trabajo segura con el Covid

La posición de los empresarios es clara. Presionan al Ejecutivo para que tome medidas y modifique la legislación que sea pertinente, conscientes de que con los actuales instrumentos jurídicos no se puede obligar a nadie a que se vacune. Con el debate intenso sobre el pasaporte Covid, y las quejas también de los empresarios del ocio nocturno, que no entienden que no se tomen medidas para permitir una reapertura total de sus locales, el paso al frente de Foment deja al Gobierno ligado a un sistema jurídico que se quiso que fuera muy garantista con los derechos individuales.

Decisión voluntaria

Con la legislación vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo no se puede obligar a ningún trabajador. Sánchez Llibre recuerda que hay hasta un 4% de la población activa que no se ha vacunado del Covid. Lo que sí puede hacer un empresario es ofrecer a los trabajadores la vacunación frente a enfermedades no asociadas directamente al puesto de trabajo, lo que sería el caso de las vacunas para el virus del Covid. Pero los empleados lo deberían aceptar de forma voluntaria, según las fuentes jurídicas consultadas.

Todo ello deriva del artículo 14 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. También se señala esa autonomía voluntaria en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, que regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El precedente del sarampión 

Lo que está en juego, y Sánchez Llibre ha situado en el centro del debate, es el conflicto entre la salud pública y determinados derechos individuales constitucionalmente reconocidos, como el derecho a la Libertad, el derecho a la Intimidad o el derecho de Conciencia. Y quienes deben dirimir ese debate son los jueces y los tribunales.

Por tanto, el empresario podrá requerir judicialmente a sus empleados para que se vacunen y los jueces resolver cada caso concreto.

¿Hay precedentes? Determinadas resoluciones apoyan las reclamaciones de Sánchez Llibre y de la patronal Foment. La más clara hace referencia al auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada, de 24 de diciembre de 2010. En aquella ocasión, 35 niños fueron obligados, pese al rechazo de sus padres, a vacunarse debido a un brote de sarampión en un colegio. ¿Puede servir como agarradero para el empresariado?

La recuperación, en juego

Los jueces, respecto al Covid, podrían acogerse, para apoyar esa obligación que se reclama, al artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública. En ella se señala que “al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad”.

Para Sánchez Llibre es vital encontrar una solución, porque, con la ley en la mano, y sin poder esperar una resolución clara por parte de un juez --dependerá de la interpretación que cada uno haga-- lo que está en juego es “la recuperación al 100% de la crisis económica”, al incidir en la situación de las empresas.