Los repartidores dudan de que la nueva ‘ley rider’ resuelva los problemas del sector

La llamada ley rider, que obliga a las plataformas digitales de reparto a domicilio a contratar como trabajadores asalariados a sus repartidores, entra en vigor este jueves. Tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, dicha legislación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de mayo y se estableció su comienzo a los tres meses, por lo que el plazo ya ha vencido y las empresas ya no tienen elección: deben acatarla.

La norma afecta a las relaciones laborales entre todas las plataformas que se dedican al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus respectivos trabajadores. A través de ella, se reconoce la presunción de laboralidad de los empleados que prestan un servicio retribuido de reparto, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre. Esta estableció que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos, por lo que ahora la ley ampara dicha condición y aboga porque las empresas la cumplan.

¿Qué opciones tienen ahora las empresas?

Ante el anuncio de esta nueva ley, las empresas del sector han valorado durante los últimos tres meses las distintas opciones que existen para ceñirse a ella y, así, evitar problemas legales. A modo general, existen al menos tres alternativas que las compañías pueden adoptar a partir de este 12 de agosto y sortear la presunción de laboralidad de sus plantillas.

Por un lado, está la opción de las cooperativas de autónomos, que aparentemente no supondrían ningún problema, siempre y cuando no se creen expresamente para violar la ley. Subcontratar a flotas de distribuidores o trabajadores mediante una ETT para entregar los pedidos tampoco sería una estrategia irregular, algo que ya hacían algunos grandes negocios, como Just Eat. Por último, las tecnológicas podrían haber optado por reorientar a fondo su negocio y ceder su control a los propios riders, una opción un tanto más compleja a la que, seguramente, muy pocos negocios accederían.

“La crónica de una muerte anunciada”

Aunque muchos miembros del colectivo celebran la normativa, otros se enfrentan a un sentimiento “realmente terrible” por ella. Es el caso de la Asociación Autónoma de Riders (AAR), que sostiene que la entrada en vigor de esta ley es “la crónica de una muerte anunciada”, porque miles de trabajadores van a quedarse en el paro. Así lo ha expresado Sebastián Honorato, rider y miembro de la dirección de dicha entidad, a Crónica Global, sosteniendo que el Gobierno “se ha lavado las manos y se ha desentendido de todo lo demás” tras formalizar la norma. Lamenta la falta de implicación y de información tanto por parte de la Administración como de las empresas, pues dice que la mayoría de repartidores siguen “llenos de incertidumbre”.

Según los últimos datos de la patronal A Digital, en mayo había unos 29.300 riders en España, de los cuales se estima que más de la mitad pierdan su empleo en los próximos días. Por ello, desde la AAR exponen que no dudarán en salir a la calle a pedir explicaciones si es necesario. “Estamos en un país en el que se supone que se nos tendrían que proteger nuestros derechos, por lo que queremos que el Gobierno apriete el botón de reset y deje de mirar hacia otro lado porque no se puede permitir semejante atrocidad”, añade Honorato.

Varios repartidores participan en una manifestación contra la 'ley rider' / Rober Solsona (EP)

Desconfían de la normativa

Entre las plataformas que celebran la medida se encuentra Riders x Derechos, un colectivo estatal que lucha por los derechos laborales y las condiciones de vida dignas de los trabajadores de reparto. En conversación con este medio, el portavoz de la entidad, Dani Gutiérrez, ha descrito como “correcta” esta nueva norma porque “no hace más que cumplir con lo que ya sentenció el Tribunal Supremo acerca del oficio: que somos trabajadores”.

Aun así, sostiene que los miembros de la plataforma desconfían que vaya a cumplirse, porque “se ha incumplido el Estatuto de los Trabajadores desde el primer día y nada apunta a que ahora vayan a hacerlo”. Subraya que muchas empresas del sector ya han reconocido que van a seguir operando con el modelo ilegal de falsos autónomos, por lo que cree que se avecina una nueva avalancha de denuncias cuando esto se compruebe. En caso de que eso ocurra, desde UGT ya han advertido de que iniciarán todas las medidas legales necesarias para hacer valer la resolución e insisten al Gobierno que extreme la vigilancia para exigir que se cumpla la norma y “no se quede en papel mojado”.

Empresas intermediarias: las grandes beneficiadas

Por otro lado, hay empresas que sí que han salido beneficiadas, dado que la nueva legislación consolida su modelo de gestión. Es el caso de Deelivers, que cuenta con una amplia cantidad de repartidores que se asignan en tiempo real a partir de un algoritmo propio. Ésta lleva siete años trabajando con Just Eat y, estos últimos meses, han recibido llamadas de otras muchas grandes del sector.

Así lo ha contado a este medio Adrián Pena, director general de la marca, que sostiene que esto les permitirá aumentar entre un 30% y un 40% su facturación de aquí a final de año. “Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero nosotros vemos esta ley como una oportunidad porque se refuerza nuestra alternativa”, apunta. Es consciente de que son una opción menos flexible que la de los autónomos y que, con Deelivers, las empresas arriesgan más, pero defiende que el servicio es más estable y controlable.

Sin repartidores en nómina

Aunque Deelivers es una alternativa válida y que se adapta a la legislación, no todos los miembros del colectivo apoyan esta solución. Desde Riders x Derechos ven este tipo de contratos con empresas intermediarias algo útil para ocasiones puntuales de alta demanda, pero no una manera estructural de trabajar, porque lo consideran un fraude de ley. “Estamos totalmente en contra de ello, porque no puede ser que haya empresas que no tengan a ningún repartidor en nómina, por lo que sigue siendo algo ilegal”, expone Dani Gutiérrez.

Con todo, Adrián Pena asegura que Just Eat, una de las grandes plataformas de reparto de comida a domicilio, seguirá trabajando con su compañía, aunque también prevé contratar a parte de sus trabajadores e incluso está negociando un convenio colectivo del sector delivery en España. Por su parte, Deliveroo anunció hace unos días que planea el cese de sus operaciones en España, y Glovo, a pesar de la denuncia de CCOO por sus maniobras para saltarse la normativa, aseguró la contratación de 2.000 empleados antes de final de año. Hasta la fecha, han ido dando información a cuentagotas, pero a partir de este jueves se empezará a comprobar si realmente han trabajado para poner fin a un problema que lleva tantos años afectando a miles de riders y se les reconoce como asalariados.