Guerra entre ricos en La Ricarda por la ampliación de El Prat

Guerra entre familias adineradas en La Ricarda, el espacio natural afectado por la propuesta de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que un pacto entre Gobierno y Generalitat ha relanzado esta semana.

Los acaudalados propietarios del enclave, enraizados en lo más granado de la burguesía catalana, se debaten entre vender sus codiciados terrenos o no y, por el momento, descartan acudir a la vía judicial para detener la obra. 

Es lo que alertan fuentes internas de las familias propietarias, ligadas todas ellas por un apellido: Gomis, pero divididas por la segunda denominación y, ahora también, por su postura con el crecimiento de la ciudad aérea con la que comparten vecindad. Las voces consultadas indican que los dueños de las antiguas villas de veraneo dudan entre desprenderse de ellas o no hacerlo ante el inminente crecimiento de El Prat y, en particular, de la elongación de la tercera pista, que engulliría la laguna de La Ricarda, la pieza más conocida de la reserva natural. 

"Estrategia conjunta"... con excepciones

Un portavoz de la familia, David Espinós Gomis, ha admitido a este medio que alguna pata de la estructura familiar podría desear la venta de su chalet en La Ricarda, pero ello no oculta la "estrategia común" frente a la propuesta de ampliación. "No entraremos a valorar posturas individuales de alguna de las ramas de la familia --Espinós admite que uno de los díscolos acudió a los medios para buscar amparo--;  lo importante es que hay una estrategia única y conjunta", ha insistido. 

Respondiendo a voces internas de los Gomis, los dueños del paraje natural desde hace más de un siglo, el representante ha asegurado que la saga desea conservar sus activos en La Ricarda pese a que planea sobre ellos un proyecto de ampliación que cuenta con el plácet de Gobierno y Generalitat de Cataluña, aunque no del Ayuntamiento de Barcelona. "No se trata solo de Marita Gomis [heredera de la Casa Gomis Bertrand, la más conocida de la reserva], es toda la familia que irá a una", explica la misma voz. 

Un avión despega desde el aeropuerto de El Prat, cerca del espacio protegido natural de La Ricarda / EUROPA PRESS

Descarta la vía judicial

A la espera de las acciones de los ecologistas con el pacto entre Moncloa y Gobierno catalán, los Gomis Bertrand, dueños de La Ricarda, descartan iniciar la vía judicial para proteger el enclave. "No nos corresponde a nosotros acudir a los tribunales. En todo caso, ello corresponderá al ayuntamiento afectado, que en este caso es el de El Prat", ha precisado el portavoz de las familias. 

Precisamente, la Administración local ya ha reaccionado a la noticia de que el Gobierno y el Ejecutivo regional de Pere Aragonès han pactado aprobar inicialmente el paquete de inversiones --Aena necesita presentarlo ante sus accionistas antes del 30 de septiembre-- y redactar un nuevo plan director. El alcalde de El Prat, Lluís Mijoler (El Prat en Comú) ha censurado el acuerdo por su falta de transparencia y las afectaciones ambientales. 

Jardines de 'La Ricarda', en El Prat de Llobregat / AYUNTAMIENTO DE EL PRAT

Cambio de rasante político

La oposición del edil, y las cuitas entre los ricos propietarios de La Ricarda --descendientes de lo más granado de la burguesía catalana, como los Barraquer o los Serra-- no ocultan que la entente para ampliar el aeropuerto de El Prat es una de las noticias del verano. El pacto desbloquea una obra que estaba encallada en al menos dos mesas técnicas y, también, abre un nuevo escenario político en el que el diálogo es protagonista, pese a la gesticulación del Govern. 

De hecho, desde el empresariado, que pidió en junio "unidad" para acometer la obra, se ha bendecido el compromiso para invertir cerca de 1.700 millones de euros en el segundo mayor aeropuerto español. El proyecto cuenta con el plácet de los sectores económicos, y con la oposición manifiesta de los ecologistas. No obstante, todo ello será ruido, pues la última palabra la tendrá la Comisión Europea, que dirimirá si las compensaciones ambientales propuestas por Aena son suficientes. Ello si los Gomis, afectados por la ampliación, no denuncian por la vía judicial, algo que por ahora descartan.