El Govern vuelve de Madrid con un 'nuevo' aeropuerto y abocado al diálogo con el Gobierno

La sonrisa de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la comisión bilateral y la luz de la estancia en la que atendió a los medios contrastaba con los rostros serios del vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y su sala para comparecer ante los periodistas. El Govern regresa de Madrid con un nuevo aeropuerto, lo que significa un gran avance en la etapa del deshielo y el primer gran acuerdo de los últimos años entre el Gobierno y el independentismo. Pero asume el Ejecutivo autonómico que está abocado al diálogo, al autonomismo, tras una reunión en la que no ha podido materializar las exigencias nacionalistas con las que se presentaba.

También las palabras delataron a los integrantes de la comisión. Rodríguez calificó de “éxito” el encuentro, que definió como una primera toma de contacto con Cataluña, mientras Vilagrà se refirió a la reunión como “insuficiente” para sus intenciones. “No hemos conseguido el objetivo”, se resignó. Un objetivo que incluía hasta 56 traspasos competenciales (entre ellos, la gestión del aeropuerto de El Prat y la expulsión paulatina de la Guardia Civil de la comunidad autónoma), en un cónclave que el independentismo preparó como un nuevo paso hacia la secesión. Sin embargo, el plato fuerte de la jornada fue el acuerdo para la ampliación de las instalaciones aeroportuarias, que supondrá una inversión de 1.700 millones de euros. El cómo ya se decidirá.

Cataluña: “Acuerdo importante”

Dijo Puigneró, cariacontecido, que habían llegado a un “acuerdo”, un “acuerdo importante” para que Cataluña tenga un complejo aeroportuario intercontinental “interconectado con alta velocidad con Reus y Girona” donde, según él, habrá sendas estaciones del AVE. Lo factual es que El Prat crecerá, y no necesariamente con la ampliación 500 metros de la tercera pista: “Se amplía el plan de vuelo a 90 conexiones por hora”. ¿Afectará ello al estanque de La Ricarda? Está por ver. En todo caso, la Generalitat se compromete a que las instalaciones sean respetuosas con el medio ambiente. La Comisión Europea tendrá la última palabra sobre la inversión, si es que daña el ecosistema y no se compensa. Para el pacto ha sido capital la función de la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà y sensibilizada con la situación de la zona, pero también la implicación de Salvador Illa y Jaume Collboni para desbloquear la situación.

El nuevo aeropuerto de El Prat también agrada al mundo económico. Pimec celebra el acuerdo y Foment del Treball califica la ampliación de “imprescindible” y pronostica que “generará 350.000 puestos de trabajo a lo largo de la ejecución del proyecto”. Unas instalaciones que, afirma la patronal que preside Josep Sánchez Llibre, serán respetuosas “en las máximas condiciones con las medidas medioambientales requeridas”. También Puigneró se refirió a esta como una oportunidad para atraer trabajo y favorecer el crecimiento económico. Sin embargo, no satisface a todo el mundo. El sector ambientalista se posiciona en contra; el Ayuntamiento de El Prat habla de “deslealtad” porque nadie les ha pedido opinión; la CUP lo califica de “atentado climático”. ¿Y Barcelona? El gobierno municipal de Ada Colau (BComú) siempre se ha mostrado muy crítico con este proyecto, pero la noticia cogió a su equipo ya fuera de la oficina y su respuesta se limitó a un tuit de la teniente de alcalde, Janet Sanz: “Falta de respeto institucional”.

Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, tras la comisión bilateral / EUROPA PRESS

Otro gesto de Cataluña

Aparte de eso, la comisión bilateral, que se alargó algo más de dos horas y media, fijó un calendario para seguir hablando en los próximos meses de otros traspasos, acuerdos dentro “de las normativas autonómicas” y revisados por el Ministerio de Política Territorial, en palabras de Isabel Rodríguez. Se abordarán, “en definitiva, todos los traspasos que puedan abordarse y que sean viables”. En el horizonte quedan, pues, asuntos como la transferencia de Rodalies pero, en cualquier caso, todo en el marco del autonomismo y alejado de las exigencias del nacionalismo catalán. Al menos, a priori. Y, de hecho, en la plaza Sant Jaume empiezan a mostrar síntomas de que algo está cambiando, aunque se mantenga el discurso combativo contra el “Estado opresor” y la independencia como objetivo.

Una muestra de ello fue la presencia de la Generalitat, a última hora, en la Conferencia Sectorial con el resto de autonomías sobre el reparto de los fondos europeos, después de que el Gobierno rechazase la inclusión de este asunto en la comisión bilateral como proponía la comitiva catalana. Días atrás, Cataluña también estuvo presente, con el consejero de Economía, Jaume Giró, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dos gestos que, unidos al resultado de la comisión bilateral, pueden significar un cambio de rumbo en las relaciones y en la gestión, aunque el independentismo insista en sus postulados y pretenda un mayor autogobierno para acercar la secesión.

Jordi Puigneró y Laura Vilagrà tras la comisión bilateral / EUROPA PRESS