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Plano general de la fachada de la Generalitat de Cataluña / EP
La Generalitat 'cuela' la Intersindical en la negociación de los empleados públicos
La Administración mantiene activas tres comisiones que la normativa dejó sin efecto para dar voz y voto al sindicato independentista
6 julio, 2021 00:00Los gestos de la Generalitat de Cataluña hacia la Intersindical-CSC han agotado la paciencia del resto de sindicatos. Según fuentes consultadas por Crónica Global, las organizaciones mayoritarias en las mesas de negociación de los empleados públicos interpondrán a la vuelta del verano un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el "trato de favor" que consideran que el gobierno independentista ha dispensado al sindicato, también independentista.
El origen del conflicto parte de la presencia de la Intersindical-CSC en las denominadas comisiones paritarias. Estos órganos de diálogo social deberían haber sido eliminados tras la última reforma del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), pero la Generalitat ha decidido mantenerlos activos pese a los ruegos en contra de UGT y CCOO.
Comisiones paritarias
Para los interlocutores de las centrales más representativas del territorio, esta decisión solo beneficia al sindicato nacionalista. Sin el mantenimiento de estos foros mixtos formados por personal funcionario y laboral --creados en 2005 antes de la entrada en vigor de la actualización del EBEP--, la Intersindical no tendría ni voz ni voto en la mesa general de negociación de los empleados públicos a nivel catalán --prevista en el artículo 36 del EBEP--.
La cuestión no es baladí, ya que las comisiones deciden sobre aspectos clave como la salud laboral y las políticas de igualdad para los 170.000 empleados de la institución autonómica --un 90% de los cuales son funcionarios y el 10% restante, personal laboral--.
Sentencia del Supremo
Los sindicatos críticos consideran que la mesa general debería asumir estas funciones y negociar de forma integral el conjunto de medidas para todo el personal sometido al derecho administrativo. Aunque para integrarse en esta mesa se requiere un 10% de representación en ambos colectivos de trabajadores.
Así lo fijó una sentencia del Tribunal Supremo que clarificó en 2018 el redactado de la normativa. Según esta resolución, a la que ha tenido acceso este medio, se precisa una cuota mínima en ambos ámbitos para acceder a la mesa general: "Entendemos que el porcentaje mínimo de representatividad para poder forma parte de la Mesa General de Negociación (...) ha de ser del 10% tanto en el personal funcionario como en el laboral".
Representación insuficiente
Los resultados obtenidos por la Intersindical-CSC en las elecciones sindicales de 2019 distan de cumplir este requisito entre la plantilla laboral --sí alcanza esa proporción entre los técnicos y administrativos, los sanitarios y los docentes--. En el colectivo laboral, el sindicato independentista solo obtuvo seis delegados, tres más que cuatro años antes, pero menos del 10% respecto a los 310 delegados totales de esta categoría.
Un cumplimiento escrupuloso de la jurispudencia impide que la organización forme parte de la mesa general, ya que apenas sacó el 2% de representantes entre el personal laboral. Los sindicatos mayoritarios creen que por eso la Administración autonómica ha preservado las comisiones que el EBEP condenó a la desaparición.
Sindicato 'indepe'
"No vamos a tragar con ruedas de molino. Mantienen estas comisiones como trato de favor a la Intersindical por puro voto político. Son favorables al procés y por eso les dan este trato", zanja una fuente conocedora del sector público. En septiembre, UGT y CCOO elevarán la cuestión al TSJC para resolver esta situación.
En los últimos años, la Intersindical ha ganado posiciones entre los profesores, sanitarios y administrativos, aunque siempre por detrás de otras organizaciones. La entidad se ha caracterizado por dar apoyo al separatismo y promovió las huelgas soberanistas del 8 de noviembre de 2017 contra el artículo 155 y otro paro por el juicio del 1-O. El sindicato es una pieza más de la estrategia del independentismo por ocupar posiciones de poder en los ámbitos catalanes de concertación, un plan apoyado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que, sin embargo, pinchó en su intento de asalto a la patronal Pimec.